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La Fiscalía decide recurrir la absolución de Áurea Soto

Áurea Soto. // Iñaki Osorio

La juez del Penal 2 de Ourense aseguró que "no es posible sostener" que las resoluciones adoptadas por la exconcejala Áurea Soto para llevar a cabo en 2007 la legalización del complejo urbanístico de la Plaza San Antonio, parking privado incluido, "fuesen contrarias a Derecho". La magistrada decidió absolver a la socialista del proceso la obligó a dimitir, a principios de 2015. La Fiscalía, que pedía 10 años de inhabilitación, ha decidido recurrir esa primera sentencia. El fallo no es firme, admite recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Ourense y el ministerio público ejercerá esa acción. Redactará su informe en los próximos días.

Áurea Soto se sentó en el banquillo junto al abogado que informó a favor de la legalización del completo en base a que el PXOM aún vigente del año 2003 permitía un uso privado bajo el subsuelo de la Plaza San Antonio. La Fiscalía y un promotor con varios pleitos contra el Concello en el anterior mandato acusaron a la socialista de presunta prevaricación.

En la sentencia que recurrirá la Fiscalía Provincial -también apelará la promotora que ejercía como acusación privada-, la titular del juzgado de lo Penal número 2 de Ourense, Noemí González, consideró que "no ha quedado probado que las decisiones", tanto de la exconcejala de Urbanismo como del abogado contratado Carlos Hernández, que redactó el informe jurídico externo para evitar la demolición de las viviendas y del aparcamiento subterráneo, "contraviniesen de modo claro y manifiesto el derecho vigente". Tampoco entiende que la exedil hubiera decidido la cuantía de la indemnización (358.000 euros) abonada a la particular que demandó al Concello de Ourense por la pérdida de valor de un inmueble.

La magistrada vio el caso más de "la jurisdicción Contencioso-Administrativa, al no existir una infracción palmaria de las normas jurídicas". Ámbito al que Soto defiende que pertenecen todas las denuncias urbanísticas que recibió en el anterior mandato, y que le supusieron varias imputaciones y, al final, la dimisión.

Tras haber sufrido esa sucesión de denuncias mientras estuvo en el poder, Soto utilizó su derecho a la última palabra para un alegato muy crítico. "Yo estoy aquí sentada porque era imprescindible para echarme del gobierno municipal". Llegó a manifestar que "ha sido necesario que la instrucción y el fiscal oculten los autos del TSXG, los informes y todo lo que contradice con rotundidad su pretensión".

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