Para evitar la pérdida de puntos y eludir la denuncia administrativa, más de una treintena de particulares y alguna empresa de toda Galicia endosó presuntamente sus sanciones a un mismo hombre, un ciudadano portugués encarcelado en Portugal, tras seguir las indicaciones de un vecino de Lalín y de otro de la zona de O Carballiño; los presuntos cabecillas de una trama que evitó a los auténticos responsables un total de 12.000 euros en importe de sanciones, la mayoría por excesos de velocidad.
Una buena parte de los conductores investigados en la bautizada como "Operación Radar" son de la provincia de Pontevedra pero el caso fue destapado por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil de Ourense, en colaboración con la Jefatura Provincial de la DGT. Ahora, un magistrado de la ciudad de As Burgas acaba de abrir diligencias tras caerle por reparto un caso con múltiples investigados, que anuncia una fase larga de investigación previa al hipotético juicio.
El procedimiento se encuentra en Instrucción Número Uno de Ourense, la sede del magistrado decano, Leonardo Álvarez. El asunto ingresó por turno de reparto del decanato. Las declaraciones aún no han comenzado, después de la remisión de los autos y atestados por parte del instituto armado. Antes del inicio de las pesquisas en sede de instrucción, la autoridad resolverá si le corresponde la competencia íntegra del caso, lo que quedará determinado por las fechas de los hechos.
En las pesquisas del GIAT se señaló a un total de 37 conductores por un presunto delito de falsedad documental, un ilícito que implica penas de cárcel, en relación a 55 denuncias de tráfico. Las infracciones, sobre todo velocidades más altas de las permitidas al paso por una cabina de radar, eran tramitadas en el Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas (CTDA) de León, puesto que los conductores responsables no eran interceptados en el momento del ilícito.
Presuntamente, los vecinos de Lalín y O Carballiño, propietario este último de un taller, eran los responsables de dar indicaciones a los infractores sobre cómo eludir la sanción y la retirada de puntos del carné, facilitando los datos del recluso totalmente ajeno a las infracciones al volante de la treintena de particulares de toda Galicia.
Para el objetivo final de evasión de responsabilidades, habrían colaborado también tres personas con residencia en un domicilio del ámbito rural del concello pontevedrés de Lalín, y que también tienen la condición de investigados en este procedimiento. Según las averiguaciones de los agentes de Tráfico, estos sospechosos firmaban las notificaciones de correos con el boletín de denuncia en el que se había identificado como responsable a un recluso encarcelado en Portugal. Los moradores daban así el conforme a que el perjudicado residía en esa vivienda, cuando en realidad se encontraba en un centro penitenciario de Lisboa.
El GIAT detectó el primer expediente sospechoso a mediados del año pasado. Las pesquisas llevadas a cabo desde entonces, y reveladas a la opinión pública el pasado mes de diciembre, apuntan a que la presunta trama lleva en marcha desde 2009.
El juzgado instructor de Ourense tendrá que seguir tirando del hilo. Más allá de los indicios presentados por los investigadores de la Guardia Civil de Tráfico, todavía quedan algunas incógnitas sobre la mesa. Se desconoce, por ejemplo, el modo en el que los implicados tuvieron acceso a los datos del encarcelado de nacionalidad portuguesa. Cuando los investigadores recabaron su versión, comprobaron que desconocía por completo su identificación en el medio centenar de sanciones. Asegura que nunca vivió ni tuvo un empleo en España, aunque sí habría tramitado en una ocasión un documento de identificación para extranjeros.
