La polémica suscitada con el pago de los alquileres y gastos de los locales de las asociaciones de vecinos por parte del Concello, que se viene arrastrando de mandatos anteriores, lleva consigo que por parte del gobierno municipal se pretenda establecer unos criterios de control más rigurosos, y que estén directamente relacionados con las actividades que realicen. Así lo puso de manifiesto ayer la concejala de Participación Ciudadana y Cultura, Belén Iglesias.
Una medida que daba a conocer en la junta de área de Infraestructuras, en la que comparecía a petición propia, al objeto de concretar la hoja de ruta de su departamento, que pasa por "potenciar" el asociacionismo vecinal", aunque advertía que en su caso concreto le toca "gestionar dinero público", de ahí que la línea a seguir pase por optimizar recursos.
El mensaje de Iglesias es directo, en el sentido de que "no se puede mantener, con dinero público, un local que no tiene actividad", además de aclarar que hasta estos momentos lo único que se hizo fue prorrogar lo que establecía el pliego relativo al pago de los alquileres de las asociaciones de vecinos por un período de cuatro años.
Pero la intención del gobierno municipal es la de proceder a la renovación anual y en función de esos nuevos criterios, como es la justificación de las actividades que realicen durante el año las diferentes asociaciones de vecinos. Se trata, en definitiva, de que "cumplan con una función y un trabajo", indicó Iglesias.
Número excesivo
Más allá de la iniciativa que pretende implantar el gobierno popular, una de las cuestiones en las que hace especial énfasis el edil de Democracia Ourensana, Armando Ojea, es el número "exagerado" de asociaciones vecinales que existen, y por ende de locales, que superan los sesenta, para una ciudad como Ourense, con el coste que eso supone para las arcas municipales.
Y si a eso se le suma la existencia de dos federaciones de asociaciones vecinales, por una lado Limiar, y por otra Miño, que aglutina a los denominados colectivos vecinales de periferia y el rural del Concello, el coste económico se incrementa de forma sustancial
Una cuestión que viene siendo objeto de debate en los últimos años, pero sin que por el momento se activase una política municipal en está materia. De ahí las críticas y los reproches que se hacen por parte de Democracia Ourensana, además de hacer alusión a una manifiesta "politización" de las asociaciones vecinales, es debido a la necesidad de un mayor control.
Sostiene Ojea que los primeros interesados en apoyar los nuevos criterios, como auditar todas las ayudas y pagos que se realizan, "deben ser los dirigentes vecinales", a los que recuerda que se trata de dinero de todos los ciudadanos.
En lo que también dicen estar de acuerdo es la necesidad de evitar la dispersidad de actividades entre asociaciones de vecinos próximas, debido a que se da el caso de que en algunos barrios de la ciudad existen hasta tres diferentes. Así como aprovechar las instalaciones de los Centros Cívicos que existen, con lo que se evitaría tener que pagar alquileres. Y cuestionar la "duplicidad" de actividades que se realizan, por un lado las propias del concello y, por otro, las de las propias asociaciones.
