La juez en funciones del Penal, en el auto de absolución, no aprecia irregularidades patentes y tampoco considera acreditado que la exedil de Urbanismo, Áurea Soto, decidiese de modo "arbitrario" la cuantía económica de la indemnización que finalmente se pagó a la persona que había presentado el recurso por "la perdida de luces" de su vivienda" con la construcción de edificio en la Plaza de San Antonio.

Y señala que la falta de "infracción grosera del ordenamiento jurídico en la concesión de las licencias examinadas, necesaria para la concurrencia de un delito de prevaricación, no significa que las mismas no contravengan la normativa urbanística aplicable y que en todo caso será objeto de examen por la jurisdicción correspondiente".

Durante la vista oral, que se celebró el 17 y 18 de noviembre, los acusados denunciaron que se trataba de un "juicio político" por intereses "espúreos" de un promotor, que estaba en " connivencia" con el Ministerio Fiscal y con el juez que instruyó la causa.

Y Áurea Soto, en su alegato final, denunció el intento de pretender convertir una cuestión contenciosa en un tema penal "en complicidad" con la fiscal, gracias a la "tergiversación constante" de las acusaciones con la finalidad de "desactivar" a Soto de la concejalía de Urbanismo y así forzar su dimisión, que se produjo al ser imputada.

La ex edil, permanece imputada en el caso de las asistencias técnicas -contratos externos- que también investiga el juzgado de Instrucción nº 1.