Los problemas en el área de Personal y Recursos Humanos fueron una constante durante el pasado mandato y ahora afectan directamente a la elaboración de los presupuestos. Así, en lo relacionado con el personal laboral indefinido contratado en fraude de ley están inmersas las asistencias técnicas, que en estos momentos se encuentran en una investigación judicial en la vía penal, y en la que están imputadas, la exedil de urbanismo, Áurea Soto, y el exregidor socialista, Francisco Rodríguez, entre otros.
Sobre esta situación y el recorrido que tenga judicialmente, que puede afectar a varios trabajadores que en su momento denunciaron su situación en el juzgado, para posteriormente ser readmitidos, aunque la sentencia también contemplaba la opción de la indemnización, la edil Flora Moure fue concluyente: "El gobierno hará lo que diga el juzgado".
El asunto de las asistencias técnicas fue llevado a la vía judicial por los sindicatos USO y CIG, después de que de forma reiterada advirtiesen a la anterior responsable de Recursos Humanos de la "irregularidad" que se estaba cometiendo.
En esa misma dirección se había pronunciado la Intervención Municipal en los correspondientes informes de fiscalización, en los que advertía al anterior gobierno que con las asistencias técnicas se estaba produciendo una "cesión irregular de trabajadores", que de denunciar pasarían a ser laborales indefinidos, como así sucedió.
