La situación de los bomberos de Ourense ha incendiado las relaciones en las filas de oposición, y el grupo de Ourense en Común remitió un escrito al alcalde en el que le pide que "proteja a ese cuerpo local" del supuesto "acoso reiterado" que sufre el cuerpo municipal de bomberos del que acusa en parte a DO.
Según Ourense en Común, la moción presentada por ellos en el pasado pleno municipal para apoyar las reivindicaciones de los profesionales de este servicio solo pretendía "atender la situación particular de sus miembros para garantizar su seguridad y efectividad en el trabajo".
La reivindicación, larga ya en el tiempo de los bomberos de Ourense, no pretende un aumento salarial, explica Ourense en Común, "sino que se incorporen pluses de nocturnidad y festividad al complemento específico, pues más de un veinte por ciento de su salario depende de esos pluses, lo que hace que sus retribuciones sean variables, y si un bombero entra en baja laboral cobraría un 20% menos de su salario", señala.
La confrontación se produjo ya con el voto en contra de la moción de Ourense en Común por parte de Democracia Ourensana, quien llegó a pedir informes sobre las nóminas que cobran los miembros del cuerpo de bomberos de la ciudad, al entender que podrían estar en situación de privilegio. En respuesta a esta petición de DO, Ourense en Común solicitó extractos de lo que cobran los miembros del gobierno local.
Finalmente unos y otros parecen haber renunciado a última hora a sus pretensiones y lo que sí se mantuvo en esta acalorada pugna entre Ourense en Común y Democracia Ourensana por defender sus encontradas posturas en cuanto a la situación de abandono que viven los bomberos de Ourense es la petición al alcalde por parte de Ourense en Común para que evite "la instrumentalización política que se está haciendo de este cuerpo local".
"Una instrumentalización política de un servicio público que es esencial en materia de seguridad y colaboración", señala.
Por todo ello piden en su escrito al alcalde que actúe conforme a la legalidad en la cesión de información y la defensa de los servicios públicos "ante aquellos que los emplean como arma de confrontación política".
