Todo sigue sobre lo previsto, y a la espera de que pueda quedar resuelto antes de que concluya el año. Esa es la respuesta del gobierno municipal en relación al expediente de expropiación de terrenos en la zona de As Burgas, aunque las únicas dudas que existen es sobre el coste económico final que tendrán las mismas, y que con toda posibilidad estará por encima de los 1,6 millones de euros que el anterior ejecutivo socialista aprobó.

De lo que se trata es de finalizar el expediente en el plazo establecido, para de esa forma evitar que vuelva a caducar, como sucedió en dos ocasiones, lo que supondría una nueva demora en todo el proceso, como así lo explicó a FARO el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, que elude cualquier tipo de responsabilidad en lo que sucedió con el proyecto de expropiación.

Después de tener que reiniciar todo el procedimiento, el expediente debe concluir en los tres meses del plazo establecido, lo que sucederá a finales de este mes, una vez concluya la exposición al público y se resuelvan las alegaciones que se presenten, de lo que no tiene duda, sobre todo por lo que se refiere a los titulares de las parcelas y terrenos afectados.

Un proceso reglado que, una vez se sustancia el proceso, podrá ser aprobado definitivamente por la junta de gobierno local, al no tener que pasar por el pleno, y de esa forma iniciar todo el proceso de desarrollo urbanístico de esta área de reparto, con declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), y dentro de lo que establece el Plan Especial de Protección también aprobado.

Es la explicación en la que incidió ayer el alcalde, Jesús Vázquez, después de que el portavoz socialista, Vázquez Barquero, asegurase que por parte del gobierno popular "se está intentando agotar los plazos para que no se lleve a cabo". Una consideración que para el gobierno no tiene ningún tipo de fundamento.