El juicio contra cuatro personas acusadas de sendos delitos continuados de estafa y falsedad en documento público por los que resultaron perjudicados 20 inmigrantes comenzó ayer en el Juzgado de lo Penal Uno de Ourense y se prolongará toda la semana. En la sesión de ayer declararon los cuatro imputados y varios de los agentes que participaron en la operación que destapó una supuesta trama orquestada para obtener dinero de extranjeros a cambio de la tramitación de documentos y certificados relacionados con su situación de irregularidad en España. Los papeles eran rechazados en la Subdelegación del Gobierno por presentar anomalías.
Así lo expuso la fiscal ayer y se recoge en un escrito de acusación de siete páginas en el que se detallan los 20 casos por los que los cuatro acusados se sientan esta semana en el banquillo. Cada uno de ellos se enfrenta a una petición de condena de 3 años de prisión, si bien sus defensas solicitan la libre absolución. Niegan su participación en los hechos que se les atribuyen y que se remontan a los años 2005, 2006 y 2007. En términos generales, defienden que la fundación Fonte no tenía ánimo de lucro y que los documentos que manejaban eran los que los propios inmigrantes les facilitaban.
Los cargos se dirigen contra el presidente de la fundación con sede en la ciudad, M.Á.V.S., la secretaria L.M.T.M., y dos trabajadoras de la sociedad M.J.V.S. y E.L.C.. La Fiscalía los acusa a todos de actuar de mutuo acuerdo, "aprovechando el respaldo que les proporcionaba la fundación", para "captar" extranjeros que acudían en busca de ayuda con la que resolver trámites propios o de sus familiares. Para ello, sostiene la fiscal, el presidente hacía creer a las víctimas que era asistente social o incluso abogado. Presuntamente les prometía que resolvería su situación a cambio de pagos de entre 100 y 2.000 euros, según las posibilidades económicas de los perjudicados. Además de los tres años de prisión para cada uno, la fiscal solicita también una multa de 4.320 euros y que devuelvan el dinero abonado por las víctimas con la confianza de que realizarían sus trámites.
Uno de los agentes de la Policía Nacional que declaró ayer como testigo apuntó que la investigación se inició a partir de que la Subdelegación del Gobierno comunicase la existencia de anomalías en diversos documentos presentados por inmigrantes. Sospechaba el departamento de extranjería que podrían estar falsificados. También explicó el agente que en algunos casos los perjudicados llegaban a la Subdelegación con certificados e informes de arraigo procedentes de los ayuntamientos. En el caso del Concello de Verín, por ejemplo, los investigadores acudieron a las dependencias municipales y constataron a través de preguntas al personal que M.Á.V.S., que ejercía como presidente de la fundación, "gestionaba directamente la documentación y la solicitaba por teléfono; incluso apremiaba para que estuviese cuanto antes".
También señaló que en los registros de las oficinas de la fundación, ubicadas en la calle Progreso, se incautaron documentos que se correspondían con la realidad y otros con manipulaciones. Estos últimos constituían la mayoría ya que "de una manera u otra, bien un sello, un contrato... estaban alterados". Los inmigrantes perjudicados, recordó, alegaron que acudían a esta fundación por recomendación de otros extranjeros.
Según la Fiscalía, las víctimas "estaban en el convencimiento absoluto" de que el presidente se dedicaba a dicha actividad de forma legal y actuaba en representación de una ONG. Los afectados, incide el ministerio público en su versión de los hechos, "creían que resolverían su situación administrativa".
Los perjudicados testificarán también en el juicio para exponer sus casos. Baste como ejemplo el de una mujer que pagó 200 euros por unos documentos falsificados que presuntamente le entregó el presidente, incluida la firma falsa de una funcionaria de la Comisaría de Ourense.
