La operación antidroga de Ourense que pone en cuestión al grupo provincial de estupefacientes coincidió con la notificación ayer de una sentencia sobre un caso en el que tuvieron participación los investigadores ahora investigados. La Audiencia Provincial impone 7 años de cárcel y 444.920 euros de multa a Francisco Javier Gómez, un pontevedrés que aceptó transportar 3,4 kilos de heroína, desde Pontevedra a Madrid. Fue interceptado el 19 de noviembre de 2014 en la A-52, en la provincia de Ourense, aprovechando un control establecido por la Guardia Civil. Cayó en la llamada "Operación Cactus", en la que actuaron además funcionarios de UDYCO de la Policía Nacional de Vigo.
En el juicio, la defensa cuestionó la base que llevó a los agentes a cercar al acusado cuando se disponía a coger un vehículo de alquiler en O Porriño. El acusado ya había sido detenido en dos ocasiones, pero su abogado consideró "dudoso" el origen de la información policial.
El tribunal ourensano resuelve tras estudiar el caso que no se observa en la actuación policial ninguna ilegalidad ni sospecha como sostiene la defensa". "Si bien el acusado carece de antecedentes penales, se especifica en el atestado y se explica pormenorizadamente en la audiencia las razones por las cuales se decide montar el dispositivo policial". El abogado preguntó de forma expresa por que la operación se nutriera de un aviso de algún confidente. "A preguntas de la defensa sobre un posible "chivatazo" responde que acumulan inteligencia y desde el principio lo vinculan, que no han recibido información confidencial alguna", recoge la sentencia notificada ayer.
El imputado dijo en el juicio que alquiló el automóvil para ir a una feria robótica en Madrid a buscar Madrid, desconociendo según su versión que portara droga. La Policía se incautó de 3,4 kilos de heroína. Los beneficios podrían haber superado los 222.000 euros.
"Tal cargamento no se deja"
Lo cierto es que la Audiencia Provincial ve acreditado que el hombre aceptó transportar el alijo, que estaba distribuido en un total de siete paquetes colocados bajo el asiento del copiloto. La sentencia establece que el pontevedrés "había aceptado transportar la droga, llevándola así en el vehículo con pleno conocimiento de su existencia y de su condición de sustancia gravemente nociva para la salud, con la finalidad de distribuirla a terceras personas".
La magistrada ponente razona en la sentencia que la cantidad intervenida es "significativa y considerable", lo que a su criterio "excluye cualquier posibilidad alternativa, como que la droga fuese dejada allí por olvido o de que se pretendiese utilizar al acusado como un correo inocente, pues un cargamento de tal valor que en el mercado ilícito alcanzaría los 222.000 euros no se deja al azar". El propietario de la empresa de alquileres manifestó en la vista que tras la devolución de los vehículos proceden a realizar tareas de limpieza.
La sentencia aún no es firme. Admite recurso ante el Supremo.
