El vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta, Alfonso Rueda, considera un "incidente puntual" el último problema suscitado en el nuevo edificio judicial de Ourense, con el desprendimiento de un cristal de la fachada, situado a unos cuatro metros de altura, que obligó a acordonar la entrada principal para evitar riesgos ante la posibilidad de que se produjesen la caída de alguno de estos objetos.
Además de advertir que el problema suscitado con el desprendimiento de un vidrio "ya está resuelto", ya que el cristal ha sido reparado, y espera que "no se vuelvan a repetir este tipo de incidentes", Rueda considera que una infraestructura de esta magnitud "lleva consigo un tiempo de adaptación", y mostrar su convencimiento de que el tiempo demostrará que se hizo "una buena obra", que supuso la mayor inversión que realizó en los últimos años la Xunta, al superar los 16 millones de euros.
Una infraestructura que para el vicepresidente de la Xunta eran muy demandada y, que después de superar diferentes dificultades, como las relacionadas con la titularidad de los terrenos, que demoraron el inicio de las obras, se complementó recientemente con las obras de urbanización de esa zona, ejecutadas por el Concello.
En este sentido, Alfonso Rueda destaca que lo realmente importante es "poner en valor el edificio judicial, con independencia y sin perjuicio de que se puedan producir incidentes", asumiendo el compromiso de la Xunta de resolverlos, como se hizo cuando se produjo algún tipo de incidencia.
Lo que también deja claro el vicepresidente de la Xunta es que "no nos gusta que pasen estas cosas", que insiste son "incidentes puntuales" que no pueden llevar a cuestionar lo que es la dimensión de la nueva infraestructura.
Pero lo que para Alfonso rueda es una "incidencia puntual", para los representantes sindicales de UGT y Comisiones Obreras en la Administración de Justicia de Ourense, se trata de "deficiencias estructurales" en el nuevo edificio judicial que aseguran denunciaron en su momento sin que se tuviesen en cuenta.
De ahí que después de producirse el desprendimiento de uno de los cristales, con un peso considerable, y que se encuentra en la parte alta de la fachada, solicitaron que se realizase la comprobación de toda la estructura exterior "de forma urgente", presentando un escrito ante la dirección xeral para que se cumpla la normativa de prevención, para de esa forma evitar que se puedan producir en el futuro.
Y aunque por parte de la Consellería de Presidencia se garantiza que se adoptaron las medidas necesarias para evitar poner en riesgo no sólo a los trabajadores públicos, sino también a las personas que acude al juzgado, las quejas se han convertido en algo habitual, llegando a reclamar sucesivas inspecciones de trabajo y seguridad.
Son el exponente de que la polémica acompaña desde su inauguración, en febrero de 2015. Así se concreta con las denuncias presentadas por el representante de UGT, Manuel Carbajales, por las "deficiencias" ante Inspección de Trabajo. Es por eso que no descarte que los sucedido "puede ser consecuencia de la mala calidad de los materiales", y denuncia que no recibieron la copia del proyecto de obra, cuya petición realizaron hace más de nueve meses.
Lo que también se sucedieron fueron las peticiones de obras y cambios en el propio edificio judicial, tanto en el interior como en el exterior del mismo, sobre todo después de que se produjese la caída de varias personas en la entrada de acceso al edificio, y que contaron con la rubrica de jueces, funcionarios, letrados y a las que también se sumaron otros colectivos.
