Aniceto Rodríguez Caneiro, de 75 años, está bien atendido en la prisión pontevedresa de A Lama. La magistrada decidió que permanezca en prisión preventiva en un centro con mejores instalaciones médicas que las de Pereiro de Aguiar, la cárcel ourensana. El estado de salud del presunto asesino de Isabel Fuentes, acuchillada en la cama del hospital el 8 de mayo, es clave para la acción de la justicia. Hasta el momento el presunto autor no ha podido responder por el crimen del CHUO ni el primer ataque sufrido por la mujer un mes antes, en el domicilio conyugal de Pazos (Verín). En sus escasas respuestas durante dos comparecencias, Rodríguez no recordaba los hechos y los médicos forenses creen que sus lagunas pueden ser compatibles con el ictus que sufrió tras perpetrar presuntamente el crimen e intentar autolesionarse.
La juez de Verín, la misma que ha sido cuestionada por la desprotección de la víctima, rebajando a "conjeturas" las conclusiones de la Policía Judicial, está reiterando oficios para que el sistema sanitario examine a fondo al sospechoso.
Según fuentes del caso, finalizadas las entrevistas de los forenses del Instituto de Medicina Legal (Imelga) y los informes previos de los médicos de Ourense que salvaron la vida al presunto asesino tras su intento de suicidio y el ictus, a hora se encargan de las evaluaciones los facultativos del hospital de Pontevedra, el centro sanitario de referencia. Los profesionales tienen que elaborar un diagnóstico sobre la salud actual del agresor machista y el estado de sus facultades.
El accidente cerebrovascular dejó secuelas físicas al imputado, con problemas de movilidad en una parte del cuerpo, mientras que aún deben determinarse las afectaciones neurológicas y, en concreto, la memoria de los hechos. El equipo médico deberá realizar todas las pruebas y estudios necesarios. La juez de Primera Instancia e Instrucción Uno de Verín, Cristina María Fernández, quiere que el hospital de Pontevedra "agilice" su valoración, según fuentes del caso. Ese dictamen, expuesto a interpretación de las partes y posibles peticiones de más opiniones médicas, condicionará el grado de responsabilidad penal del marido.
La causa sigue en varias vías de la fase de instrucción. De momento se mantiene en dos procesos separados, el del crimen del hospital y el del primer ataque previo. La Fiscalía y la acusación particular califican ese primer episodio de una tentativa de asesinato, y así quieren que se le impute a Rodríguez.
Las diligencias fueron abiertas por un robo que la Guardia Civil descartó a los 5 días. La inspección ocular hizo a los agentes poner el foco en el esposo. Eso motivó que pidieran a la juez restringir las visitas y pinchar el teléfono al cónyuge. La magistrada lo rechazó, al no ver indicios suficientes. De lo que aconteció en la casa de Pazos faltan aún pruebas por escrito. El juzgado de Verín aguarda un informe de Criminalística para verificar si el fuerte golpe sufrido por Isabel Fuentes fue causado con un martillo por su marido, como creen los agentes, o el laboratorio arroja otras evidencias.
