Casi tres años llevaba sin avances la investigación judicial de un presunto delito contra el medio ambiente que la Fiscalía denunció en el verano de 2012. Un informe del Servizo de Calidade Ambiental de la Xunta de Galicia acaba de acreditar que el vertedero ilegal en una empresa de pinturas y productos químicos causó un impacto ambiental grave. Además, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil también detectó afectación del terreno, aunque no de las aguas subterráneas con la que entraron en contacto los tóxicos, a nivel freático. En una fosa bajo tierra junto a una fábrica del Polígono de Barreiros, entre los municipios de Ourense y San Cibrao das Viñas, fueron localizadas a principios de 2012 toneladas de bidones metálicos, chatarra, restos de plásticos y otros residuos industriales tóxicos con alto poder contaminante.

La Fiscalía denunció en un principio al gerente, P.M.B., al considerar que pudo haber incumplido hasta cinco normativas distintas por utilizar el subsuelo de una finca próxima a la nave para acumular los tóxicos, en lugar de contratar con un gestor autorizado para el tratamiento de los residuos. El ministerio público le atribuía en la denuncia inicial un presunto delito contra el medio ambiente, del artículo 325 del Código Penal, castigado con penas de entre 2 y 5 años de cárcel.

Tras la recepción del informe que señala la afectación grave del suelo, la Fiscalía ha remitido un escrito al juzgado de Instrucción Número Dos de Ourense para solicitar nuevas diligencias que aceleren el caso tras su dilación.

El ministerio público solicita tres nuevas imputaciones, a sumar a la inicial del gerente. La de la propia empresa como persona jurídica, la del trabajador que reveló los hechos después de ser despedido -era el gestor de residuos-, y por último la del encargado de esa responsabilidad después de su marcha. Declararán con la asistencia de un abogado.

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y técnicos de la Xunta de Galicia realizaron cuatro inspecciones presenciales entre finales de enero y el 1 de febrero de 2012, en las que levantaron acta de la amalgama de suelo contaminado y residuos depositados a partir de la primavera de 2011, según indica la denuncia, en una parcela anexa a la fábrica una sociedad radicada en el Polígono Barreiros, con más de 15 años de actividad en la zona y una sanción anterior por un vertido de pinturas que no prosperó tras un recurso contencioso.

La fosa estaba situada junto a un viejo bidón oxidado. El denunciante indicó el lugar a los agentes del instituto armado. Además, la presencia de agua subterránea obligó a tomar muestras por el temor a una infiltración al río Barbaña; una posibilidad descartada en el informe pericial de la CHMS. Los primeros exámenes cifraron en más de 84.000 los kilos de residuos y tierra afectada que se extrajeron del vertedero ilegal bajo el suelo, cuya ubicación situó el exempleado. En las tareas de desescombro, las autoridades hallaron 827 kilos de envases metálicos y 64 kilos de envases de plástico, todos residuos tóxicos, que ocuparon dos contenedores.

Los vertidos localizados fueron trasladados en cinco contenedores por un gestor autorizado a una empresa de tratamiento de residuos instalada en el concello coruñés de As Somozas, donde se estabilizaron y trataron convenientemente. Tras extraer todos los desechos bajo tierra, la Guardia Civil precintó la fosa -quedó un socavón a cielo abierto- y se recogieron muestras de suelo y aguas subterráneas para un análisis del rango tóxico.

Los test evidenciaron, según puso de manifiesto la Fiscalía de Ourense en la denuncia, una "gran afección tanto sobre el territorio como sobre los elementos y procesos naturales de su entorno". La apertura del proceso penal paralizó el expediente sancionador abierto por la Xunta. La administración proponía multas a la empresa química de 9.000 a 300.000 euros por una agresión ambiental "muy grave".