Las reclamaciones patrimoniales por la anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 2003, es una cuestión que se repetirá, por lo tanto algo esperado por parte del gobierno popular, aunque el portavoz, Francisco González, espera que la mayoría de las mismas sean favorables al Concello de Ourense, como sucedió recientemente, con una indemnización que superaba los 1,3 millones de euros.
Lo que se recalcar desde el gobierno popular es "ser respetuosos con las sentencias judiciales", un mensaje directos a los que en su momento utilizaron las criticas e, incluso en alguna ocasión, descalificaciones hacia jueces y fiscales. En ese sentido, se buscarán acuerdos, en aquellas situaciones que así lo permitan, y en otras serán los tribunales los que finalmente decidan.
