El asesinato en el hospital de Ourense de Isabel Fuentes, desprotegida pese a las peticiones de la Guardia Civil, demostró un "error institucional" que la familia de la víctima pretende que no se repita. "No puede volver a ocurrir algo así". Su abogada, Beatriz Seijo, se reunió ayer con el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, y de la reunión salió el acuerdo entre los familiares y el ministerio público para llevar a cabo una estrategia coordinada. Pretenden que Aniceto Rodríguez, preso en la unidad hospitalaria de A Lama (Pontevedra) hasta que pueda declarar, se enfrente a un jurado popular por el crimen y el primer intento homicida, en el domicilio conyugal, que quiso disfrazar como un robo. Pero a mayores, la acusación particular toma la iniciativa para que se dilucide si la juez de Verín Cristina María Fernández, la titular de Instrucción Número 1 -el juzgado encargado de Violencia de Género- incurrió en algún tipo de responsabilidad.
"Sorprendidos para mal" y molestos por que el Poder Judicial no haya dado explicaciones ni abierto un expediente disciplinario de oficio -el CGPJ ha optado por esta vía con jueces que demoran sentencias, que hacen declaraciones controvertidas o con el magistrado que diseñó la Constitución catalana-, los familiares de Isabel Fuentes van a dirigir en los próximos días un escrito al estamento para que lleve a cabo el trámite. Un promotor de la acción disciplinaria se encargaría de la investigación interna. La propia juez daría su versión. Hasta el momento no se ha comunicado con las víctimas por ningún cauce. La ley disciplinaria prevé desde amonestaciones y suspensiones a traslados o la expulsión de la carrera.
La magistrada negó medidas de protección a la víctima en el hospital, o pinchar el teléfono al esposo, tras rebajar a "meras suposiciones y sospechas" las certezas de la Guardia Civil sobre que el marido era "el principal sospechoso" del primer episodio por el que la mujer tuvo que ser ingresada en estado crítico. La Policía Judicial de Verín informó por escrito de que Aniceto Rodríguez podía ser un "peligro" si no se prorrogaba la estancia de la víctima en Reanimación y el sospechoso, a la postre asesino, podía tener acceso a ella. "Se acuerda que no ha lugar a dicha diligencia toda vez que ya se ha oficiado a dicho hospital para que comunicasen a la mayor brevedad el traslado de la lesionada a la planta desde el servicio de reanimación, en cuyo caso si procediese se adoptarían medidas adecuadas", resolvió la juez.
La familia tiene en su poder estas y otras resoluciones así como el primer atestado, del 7 de abril -solo 5 días después del primer ataque-, en el que la Guardia Civil desmontó punto por punto la posibilidad de un robo y señalaba a Aniceto Rodríguez como el principal sospechoso. De momento, no disponen de la documentación y de las diligencias instruidas en el juzgado de Ourense. Todas las diligencias policiales que se llevaron a cabo tras el asesinato.
Está previsto que el juzgado de Instrucción 3 de la ciudad, de guardia cuando ocurrió el crimen, se inhiba en favor del juzgado de Verín y remita esa documentación. La misma magistrada cuya labor está discutida se encargaría de asumir la instrucción hasta el jurado. La familia no prejuzga su acción, aunque Seijo también admite que podrían recusar a la magistrada si ve causa legal para pedirlo. Tras reunirse en el plazo de una semana con el fiscal superior de Galicia y el responsable provincial, la letrada agradece el rol del ministerio público, que apoyará sus pasos. "La Fiscalía ha tenido en todo momento una actitud responsable".
