El marido de la mujer asesinada en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), Aniceto R.C., de 76 años de edad, ha sido enviado a la prisión de A Lama (Pontevedra). Lo ha decidido la juez que instruye el caso después de tomarle declaración en el hospital en el que se encontraba ingresado como consecuencia de las lesiones que él mismo se infligió después de, supuestamente, matar a su pareja.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, que han precisado que el septuagenario, natural de Riós (Ourense), prestó declaración judicial en la cama del hospital y, horas después, fue trasladado a la cárcel pontevedresa.
Al respecto, el subdelegado del Gobierno en Ourense, Roberto Castro, ha justificado el traslado a Pontevedra por "razones sanitarias". "Según el informe de los facultativos, precisa cuidados que en las instalaciones penitenciarias de Ourense no se le pueden dar", ha concretado.
El preso estaba ingresado desde hace un mes en el hospital al que acudía como acompañante de su esposa, Isabel Fuentes, que se recuperaba de un coma tras sufrir una agresión. Según el relato de Aniceto R.C., ésta habría sucedido durante un supuesto asalto a su casa en el lugar de Pazos, en Verín, a principios del mes de abril.
No obstante, cuando la mujer se recuperó del coma y fue trasladada desde la UCI a una habitación en planta, su marido, supuestamente, la acuchilló hasta matarla en presencia de otra persona que ocupaba la misma habitación. Después se autolesionó en los brazos y, a continuación, sufrió un ictus, motivos por los que también hubo de ser ingresado en la UCI, de la que salió hace unos días.
Primer caso de violencia
Estos hechos se han producido en el marco del primer caso mortal de violencia machista en Galicia del año 2015, pues los agentes de la Guardia Civil que investigaron el supuesto asalto a la vivienda en abril alertaron a la jueza de que el marido era su principal sospechoso.
La familia de Isabel Fuentes, formada por una decena de primos carnales residentes en Verín, Barcelona, Andorra y Madrid, se ha personado ya en la investigación y estudia una posible denuncia por negligencia en la actuación de las administraciones públicas.
