El Concello de O Carballiño ha trasmitido al Tribunal Superior de Xustiza su oposición a la petición de 814.000 euros reclamados por los particulares que ganaron el contencioso que declaró ilegales los áticos del antiguo Hotel Rogelia. Desde el grupo de gobierno valoran que las partidas de 408.184 euros en concepto de gastos de abogados, 142.653,49 correspondientes a procuradores, peritos y notarios, más otros 263.390,14 en concepto de daños, son "a todas luces desproporcionadas" ya que la cuantía del pleito quedó en su día fijada en 18.000 euros.

El Concello considera que el único daño que se puede indemnizar sería la pérdida de valor de las viviendas de los particulares, y teniendo en cuenta que el daño se fijó en 6.000 euros para cada uno por la no demolición de la quinta planta, debería ahora seguirse el mismo criterio para indemnizar la no demolición de los áticos, de forma que la indemnización, a juicio del Concello, no debería superar dicha cantidad.

Los particulares, a pesar de las anteriores resoluciones del TSJ, exigen que se les indemnice con el 15 por ciento del coste de la demolición del antiguo hotel Rogelia más la pérdida de valor que hubiese supuesto a los propietarios del inmueble.

El proceso comenzó con la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en la que obligaba al ayuntamiento, gobernado en esa fecha por el socialista Carlos Montes, al derribo del sobrante de altura del 5º piso, la sexta planta formada por 6 áticos y todo el bajo cubierta, en el que están 36 trasteros del citado edificio. Tras conocerse esa sentencia el anterior grupo de gobierno pidió la inejecutabilidad de la misma, y solo se le concedió una inejecutabilidad parcial, la que afectaba a la 5ª planta, obligando al derribo del resto. En ese momento ya se dio una indemnización a los denunciantes de 18.000 euros.

Pero el actual alcalde, Argimiro Marnotes, nada más iniciar su mandato, comenzó el proceso al que le obligaba el TSX, habilitando un presupuesto, adjudicando el proyecto tal y como mandaba el Tribunal, y realizando las inspecciones técnicas necesarias. De todos estos procesos se fue informando al TSX, con lo que se evitaron las multas que si recibió el anterior gobierno.

Fue precisamente con estos informes cuando se comprobó que el derribo de parte del edificio dejaba al mismo fuera de la actual normativa de seguridad, por lo que se solicitó la inejecutabilidad de esas obras, que finalmente concedió el TSX.

Esta gestión permitió el no tener que ejecutar dicho derribo y el ahorro de 1.2 millones de euros a las arcas municipales.