El Albergue dos Biocos presentó ayer ante el Juzgado de Pobra de Trives una querella en la que denuncia a toda la corporación del Concello de San Xoán de Río y a la secretaria por prevaricación y cohecho
Los delitos que la empresa Altega S.L., que gestiona el albergue municipal, atribuye a los denunciados son de prevaricación administrativa, y cohecho, según el caso a cada uno de ellos. Y es que asegura que son varios años con una "administración en contra, practicando todo tipo de hechos que consideramos delictivos y que, una vez llegado este momento, ya nos obliga a denunciar por la vía penal tras reunir las probas que creemos necesarias".
No obstante, la empresa, además de las pruebas con las que ya cuenta, espera conseguir otras más y nuevos testimonios "que nos permitan ampliar esta querella en el futuro".
En el caso de que se demuestre el delito de cohecho, éste conlleva la pena de prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por siete a doce años, o pena de prisión de dos a cuatro años, e inhabilitación por tres a siete años. En el caso de la prevaricación, pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por siete a diez años.
Desde la empresa indican que "desde hace tres años que no sabemos por que esta corporación empezó a hacernos la vida imposible, en el Albergue dos Biocos lo único que nos mueve es trabajar de la mejor forma que sabemos, poder colaborar con el concello de la forma más leal posible y atender tanto a vecinos como visitantes".
Añade que contar con una instalación como ésta, con cien camas de alojamiento, cinco hectáreas de terreno, en un lugar con estas posibilidades de futuro, "es un desperdicio que no se permita reformar las instalaciones para ponerlas al día".
Así, en su querella Altega S.L. denuncia que el alcalde, Gerardo Rodríguez (PP), solicitó en varias ocasiones dádivas o favor en razón de su cargo para su hija, y que ha sabiendas de su injusticia, los querellados han estado autorizando y realizando actos constitutivos de delitos de prevaricación, que "en su conjunto se podrían calificar de mobbing inmobiliario (en lenguaje coloquial), es decir, actos encaminados a la expulsión de sus legítimos derechos de concesión a la empresa querellante".
Obligaciones municipales
Altega S.L. tiene la concesión del albergue desde mayo de 2010 y al tomar posesión del albergue se encontró con que las instalaciones estaban en un estado peor de lo informado o calamitoso, sobre el cual "pesa la duda de su legalidad en la concesión". Pero además, acusa al ayuntamiento de no cumplir sus obligaciones, y que constan en el contrato.
La empresa denuncia que el actual alcalde solicitó dádiva a favor de su hija, y ante la negativa, éste acomete una campaña de acoso para obtener el desalojo. Realiza denuncias indiscriminadas ante culquier administración o institución, acuerdos plenarios aprobando la rescisión del contrato, incumplimientos del acuerdo con la anterior alcaldía respecto de los cánones, denegación de la actividad de restaurante, y más acciones en contra de Altega S.L.,que la obligan a denunciar.
