En términos de vivienda, a uno lo desahucian cuando le arrebatan su casa mediante una acción legal. Pero desahucio es también lo que sufre una persona cuando le quitan la esperanza de conseguir lo que desea. Ambas definiciones confluyen en la familia de María del Pilar López, un caso de emergencia social en el barrio de A Ponte con sentencia de desalojo por impago prolongado del alquiler.
La ejecución estaba prevista para ayer a las 10 horas, pero la intermediación de la plataforma Stop Desafiuzamentos logró un aplazamiento hasta el 3 de marzo para ganar tiempo en la búsqueda de otra vivienda. Justo una hora después de que los funcionarios negociasen este acuerdo con la afectada, María comunicaba telefónicamente a la Xunta su decisión de rechazar una de las cinco viviendas de alquiler social que el IGVS le ofreció en Castro Caldelas o Carballeda de Valdeorras, a 50 y 140 kilómetros de su hogar actual. "La única oportunidad que tengo de superarme y salir de esta situación está en Ourense, si me voy a un pueblo no tendré opciones ni tampoco mi hijo mayor, al que no podré pagar el desplazamiento para que siga con sus estudios", declaró frente al portal 1 de la avenida de As Caldas, donde todavía tiene el techo asegurado una semana más.
María tiene pareja y dos hijos, uno de 18 años y otra de 1 año. El nacimiento de la pequeña coincidió con el traslado de la familia a este piso pero las dificultades económicas les sobrepasaron enseguida y hace siete meses que adeuda el alquiler, un total de 2.700 euros que no está en condiciones de abonar, por lo que ha solicitado ayudas de emergencia a través de los Servicios Sociales del Concello de Ourense.
Miembros de la plataforma Stop Desafiuzamentos apoyaron ayer a la mujer con pancartas reivindicativas y un sentir de indignación ante la difícil elección a la que se enfrenta esta familia: el desarraigo o asumir el riesgo de quedarse sin techo. La mujer lamentó ante los medios de comunicación su incapacidad para hacer frente a la deuda contraída con la propietaria pero también la inviabilidad de la alternativa que le ofrece la administración pública: "La opción que me dan es mandarme fuera de Ourense, donde no tengo arraigo familiar ni oportunidad de seguir adelante", indicó. La plataforma critica que esta sea la única opción que el gobierno gallego ha sido capaz de ofrecerle a esta familia cuando en Ourense hay 55.936 viviendas vacías, lo que representa un 22,7% del censo, según los datos que maneja este colectivo.
Desde el IGVS matizan que las cinco viviendas de protección social en régimen de alquiler que se le ofertaron a la demandante, una en Castro Caldelas y cuatro en Carballeda de Valdeorras, son las únicas que en este momento tiene la Xunta disponibles, ya que las de Covadonga, en la capital, están todas adjudicadas.
Por su parte, Stop Desafiuzamentos responsabiliza al gobierno gallego y acusa a la administración pública de "pasividad y falta de palabra" en su compromiso de destinar 500 viviendas en régimen de alquiler bonificado a personas afectadas por desahucios. Según el miembro de este colectivo, Roberto Pereira, se"están incumpliendo todas las normas" en relación con el derecho básico a la vivienda.
Autónoma sin prestación
La de María es una situación sobrevenida por la crisis económica. Trabajaba en una pequeña empresa de limpieza "subcontratada por empresas grandes que recurrieron a ERE para cobrar subvención y dejaron de llamarnos; no recibí ninguna prestación porque era autónoma, me quedé sin nada", relata. Desde el pasado mes de septiembre percibe la Renda de Inclusión Social de Galicia, Risga, de 500 euros, una ayuda de emergencia que "tardó 10 meses en llegar" y que le resulta insuficiente para pagar el alquiler de 310 euros, los recibos y la manutención de la familia. Da "gracias a Dios" porque su marido haya encontrado en los últimos días un pequeño trabajo de 10 horas a la semana fregando platos dos horas por la mañana y dos por la noche. Pero si aceptasen vivir en Castro Caldelas, que es el lugar más próximo a Ourense, "lo perdería" porque los horarios del transporte público no son compatibles, lamenta.
María entiende que la propietaria del piso está en su derecho de solicitar el desahucio y ha accedido a abandonar la vivienda, aunque con la esperanza de encontrar un piso de alquiler económico. Deseo que se le antoja complicado ya que no tiene nómina que la avale. "No tengo ninguna posibilidad", dice con desánimo.
