El alcalde de Boborás, Cipriano Caamaño, y el arquitecto municipal, "se niegan" a cumplir una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Ourense y a ejecutar una resolución del propio Concello que ordena la demolición de unas obras realizadas por un particular en el conjunto histórico de Pazos de Arenteiro, por lo que están llamados a declarar el día 5 de marzo ante el Juzgado de O Carballiño como imputados por un delito de desobediencia a petición de la Fiscalía de Ourense, que formalizó la correspondiente denuncia.
Un vecino de Pazos de Arenteiro que comparte un patio común con otras viviendas denunció en 2010 ante el Concello a otro vecinos por ejecutar unas obras apropiándose de parte del patio común, por lo que el acceso a la suya "quedó convertido en un túnel". La hija del denunciante se queja de que la familia que realizó las obras "es afín al alcalde", y por eso "éste desde el principio no hizo más que ponernos toda clase de impedimentos para que no pudiéramos defender nuestro derecho y como deja muy claro la fiscal en su denuncia, ni nos notificaban las resoluciones ni por supuesto nos daban copia del expediente". La obra ejecutada no se pudo legalizar pero añade que "aún así siguieron haciendo todo lo posible porque no se derribara lo construido ilegalmente, por lo que tuvimos que acudir al Juzgado, primero para que un juez les ordenara cumplir su propia resolución y luego por segunda vez para que el concello cumpliera la sentencia judicial".
Según consta en la denuncia de la Fiscalía, en lugar de cumplir la sentencia, lo que hizo el Concello fue permitir que a finales de 2013 se llevaran a cabo "nuevas obras ilegales" en la vivienda, que consistieron en "una demolición parcial y en la construcción de una terraza".
Y además, desde Patrimonio se requirió en dos ocasiones, en enero y en agosto de 2014, información al Concello sobre el estado actual del expediente de reposición de la legalidad y de las obras de demolición, sin que tuviera respuesta por parte de éste, "por lo que ha obviado su obligación de colaborar con la administración de justicia de forma reiterada", señala la fiscal.
Además del alcalde y del arquitecto municipal también está imputado el arquitecto particular contratado por el denunciado. Además de la orden de demolición de las obras que se llevaron a cabo sin autorización de Patrimonio, se impuso una multa de 10.000 euros al denunciado y ante el impago de la misma se ordenó el embargo de la vivienda, según consta en el DOG del día 14 de febrero.
La hija del afectado y denunciante critica que recibiendo el Concello de Boborás subvenciones para el mantenimiento del conjunto histórico de Pazos de Arenteiro, que ostenta la declaración de BIC, no lo protege de este tipo de actuaciones contra el patrimonio.
