Josefa Pérez Rodríguez tiene 47 años, tres hijos y la condición oficial de víctima de violencia de género por sentencia condenatoria y orden alejamiento, lo que la convierte en receptora de una Renta Activa de Inserción (RAI), por la que recibe 426 euros mensuales. Pero esta paga, que se tramita a través del Ministerio de Trabajo, se concede por un plazo máximo y en su caso se extingue en diciembre, por lo que ya se ve en la calle.
La plataforma Stop Desafiuzamentos de Ourense se ha hecho cargo de las dificultades a las que se enfrenta y ayer acudió con ella al Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), para pedir auxilio. El colectivo quiere que se ponga a disposición de esta mujer una de las 20.000 viviendas vacías que hay en la ciudad y con esta reclamación varios integrantes se plantaron frente a la fachada con una pancarta.
Josefa fue recibida por una de las autoridades del IGVS pero salió con las manos vacías, su caso no es fácil. "Me dijeron que ya me han ayudado bastante", explica en relación a las ayudas económicas y el acceso que tuvo, mientras existió, a la "bolsa de alugueiro" que le facilitó una residencia para ella y sus tres hijos por 70 euros al mes.
Ahora, sin ayuda para vivienda, paga 275 euros en un piso de A Ponte, pero ya avanza que no podrá seguir pagando cuando finalice el año. Su hija mayor, de 15 años, tiene una discapacidad y requiere tratamiento farmacológico. Además, tiene otra niña de 12 años y un hijo pequeño, de cinco. "Paso hambre para poder pagar el alquiler y que no me echen", afirma. Trabaja como voluntaria en el comedor del colegio de sus hijos pero apenas alcanza. "En el momento que deje de recibir la RAI estoy perdida, me quedaré en el calle".
