La Diputación ha respirado aliviada al recibir la respuesta del Ministerio de Hacienda a la propuesta del presidente José Manuel Baltar para reducir el impacto de la reclamación de 10,1 millones de euros por las irregularidades detectadas por la UE en los proyectos Daredo y Deputráns que financiaron con fondos europeos la instalación de un centenar de depuradoras compactas en concellos de la provincia entre 2004 y 2005. Baltar había solicitado que se tuviese en cuenta la deuda que el Estado mantiene con la Diputación reduciendo a la mitad la cantidad que se reclama y la respuesta del ministerio que dirige Cristóbal Montoro ha sido positiva.

De esta manera, de los 10.123.053 euros que tiene que devolver la institución, quedarían pendientes de pago 5.198.454. Según explicó ayer el gobierno provincial, esta resolución está relacionada con una deuda que el Ministerio de Hacienda mantiene con la Diputación desde el año 2007 y que asciende a un total de 4.924.599 euros. Se trata de la cantidad retenida en operaciones del Programa Operativo FEDER Rexional Galicia 2007-2013 que, a día de hoy, no habían sido abonados a la institución provincial.

José Manuel Baltar propuso al Gobierno compensar aquella deuda con la que ahora asume la Diputación por las irregularidades en la gestión de fondos europeos que detectó la Oficina europea contra el fraude, OLAF, y el director general de Fondos Comunitarios, José María Piñeiro, ha remitido un escrito aceptando realizar dicha compensación, que tendrá que ser refrendada por la Diputación en el plazo de 15 días.

Baltar ha agradecido este acuerdo que persigue "defender los intereses provinciales" y recordó que la Diputación planteó ante la jurisdicción contencioso-administrativa la medida cautelar de suspensión de la obligación de pago que está aún pendiente de resolución.

Paralelamente, el Juzgado de Instrucción número Dos de Ourense investiga posibles responsabilidades penales en la adjudicación y puesta en funcionamiento de las depuradoras. El caso había sido archivado, pero BNG y PSOE aportaron la resolución de la OLAF en la que se constatan las irregularidades. Hasta la fecha ha declarado en calidad de imputado el jefe del servicio de Medio Ambiente de la Diputación, Javier Bobe.

Por su parte, el grupo provincial del BNG manifestó ayer que lo único que se gana con esta resolución de Hacienda es "adelantar" el pago de la deuda con los 4,9 millones que le correspondían a la institución en concepto de subvención "quedando a deber a las arcas del fisco 5,2 millones de euros; por lo tanto no hay reducción de la deuda". La única forma de evitar el "perjuicio enorme" para la Diputación, sostiene el BNG, "es ganar el pleito y que los responsables políticos que nos llevaron a esta situación paguen de su bolsillo".