El jefe del servicio de Personal de la Diputación de Ourense es concejal del PP en Monterrei, hijo del regidor de la localidad y, presumiblemente, su relevo después de haberlo sucedido ya como presidente local del partido. José Luis Suárez fue el testigo que más comprometió ayer la versión del expresidente José Luis Baltar. Sin embargo, sus supuestas advertencias legales no fueron puestas por escrito.
El funcionario, uno de los señalados por el exbarón como los responsables de no haberlo advertido, lo contradijo. Ayer declaró que el procedimiento por decreto y presuntamente sin control para los 104 contratos temporales fue una orden del expresidente "para la contratación directa de una serie de personas por razones de urgencia", pese a que le había manifestado que "era ilegal". Suárez le comunicó en una reunión que "no había amparo normativo" y que lo que procedía era un "procedimiento ordinario". El expresidente reaccionaba diciendo que no con la cabeza desde el banquillo. No haber recurrido a lo que convenía evitó un retraso de varios meses ante tal cantidad de altas. Según Suárez, Baltar quería que fueran "inmediatas". Las contrataciones no se ajustaron tampoco a la normativa del procedimiento urgente de la ordenanza de 2004 "Las necesidades de trabajadores eran estructurales por lo que el procedimiento adecuado era el ordinario".
Pero el proceso supuestamente prevaricador permitió hacerlas entre los meses de enero y marzo. Los decretos hacían mención a un artículo que justifica el trámite urgente en casos de "catástrofe o grave peligro para la seguridad de la administración pública", entre otros. Era un método que, hasta los 104 contratos, se usó "en contadas ocasiones, era muy excepcional". Cuando Baltar lo señaló en la fase de instrucción, el padre del jefe de Personal, el alcalde de Monterrei, salió en defensa de su "amigo". Suárez hijo rebatió a Baltar en el método de selección. Según su interrogatorio, "exclusivamente" el acusado elegía a los supuestos enchufados y también su destino. "Daba el puesto y el nombre". Los currículos "estaban en la Presidencia". El expresidente "llamaba y daba la orden de contratar a un trabajador", declaró el jefe de Personal.
Los tres técnicos que apuntalan el proceso contra el expresidente declararon como testigos por espacio de unas tres horas. Los profesionales admitieron errores en la tramitación. José María Baños, que ejercía de interventor en 2010 -pocos meses después cambió de destino-, admitió como un "fallo grave" que no se hubiera producido la fiscalización previa ni se activara con las altas de semanas posteriores. "Sí, estuvo mal hecho", resolvió Baños. Tuvo conocimiento de los 104 contratos al tener que abonar las nóminas. Fuentes del servicio cifraron el coste entre "600.000 y 650.000 euros". Existía crédito.
El secretario de la Diputación, Francisco Cacharro, ratificó en sala que los puestos "carecían de convocatoria pública". En un informe posterior a los 104 contratos a petición del PSOE, avaló la urgencia atribuyendo al expresidente la decisión "política" de decidirla. "Para el funcionamiento óptimo de los servicios del Centro Cultural es necesario contar con 27 porteros u ordenanzas. Teniendo en cuenta que entre personal fijo y contrataciones en este primer trimestre de 2010 se alcanzó una cifra inferior -26- parece evidente (...) que la urgencia de esas contrataciones debe considerarse razonablemente justificada", apuntó, por ejemplo, en ese dictamen.
