Las autoridades no quieren que se repitan las escenas del caos a la llegada del expresidente al juzgado, en febrero de 2013. Decenas de afines al exbarón, preferentistas e indignados provocaron un tumulto de vivas y abucheos, empujones, patadas e incluso paraguazos. Había agentes de Policía que no actuaron. La Audiencia, la Subdelegación y la Comisaría han diseñado un operativo para evitar posibles altercados. No son las únicas prevenciones. Por cuestiones de aforo, el juicio del Penal Número Uno se celebrará en la sala de vistas de la Audiencia. El TSXG ha advertido a la prensa de que el acceso se limita a un redactor por medio y que los gráficos solo podrán retratar al expresidente en el banquillo al inicio de la sesión.
La justicia altera la rutina de jubilado de José Luis Baltar. Días después de su imputación en la Pokemon por presunto soborno de Vendex, el expresidente de la Diputación de Ourense se expone desde mañana al "borrón" que, según sus palabras, le dejaría una condena postrera tras cuatro décadas en la política, 22 al frente de la institución. Granjeando apoyos con una apisonadora de votos y cargos que le rindieron pleitesía. El último barón del PP, el político que no vacilaba en retar a la cúpula por su cuota territorial, está de baja voluntaria en el partido desde su imputación por presunto enchufismo a principios de 2013. La etiqueta que le colgó la oposición durante años lo lleva el lunes al banquillo a los 73.
Acusado de un delito continuado de prevaricación, Baltar padre será juzgado a lo largo de la próxima semana por realizar 104 contrataciones para empleos temporales entre enero a marzo de 2010, en un contexto de guerra entre las familias del PP ourensano, rivales en un congreso que ganó Baltar hijo. Al estrado se subirán docenas de alcaldes -todos menos uno del PP-, los técnicos que integraron su círculo de confianza -y en los que el imputado descarga toda la responsabilidad de que las contrataciones fueran correctas-, así como funcionarios jefe y varios de los supuestos enchufados.
La justicia audita la política de personal de un expresidente que se identificó como "cacique bueno" y llegó a acumular casi un millar de empleados en nómina en la Diputación. José Manuel Baltar criticó sus contrataciones masivas al plantear el ERE. La única pena posible para el progenitor sería una inhabilitación para cargo público. La Fiscalía y el PSOE -que denunció la oleada de contrataciones en el verano de 2010- solicitan el máximo castigo: 10 años sin ejercer empleo y cargo público. La jueza que resolverá denegó a los socialistas ampliar los cargos a supuestos delitos que, como la malversación y la falsedad documental, sí conllevarían cárcel. También ejerce la acusación Manos Limpias.
Como vaticinó a los periodistas al estallar el proceso, Baltar se inhabilitó a sí mismo. Legó la Diputación a su hijo al comienzo de 2012 tras fraguar, dos años antes, la sucesión en el PP provincial. Un acuerdo de conformidad le evitaría 5 días de juicio y atención mediática. El pacto estuvo sobre la mesa pero no cuajó. Aún es legalmente posible hasta el mismo inicio, mañana, de la vista.
Tras una denuncia del PSOE en verano de 2010, el fiscal jefe presentó querella contra el expresidente el 28 de diciembre de 2012. Llevaba meses al margen. Baltar iniciaba un periodo proceloso tras un poder absoluto. Seis meses antes disfrutaba de su último baño de multitudes. En un multitudinario homenaje con más de 3.000 comensales a la mesa, el exbarón, siempre sin cortapisas en el discurso, mostró su figura. "Vosotros sois mis trabajadores, no los de la Diputación", dijo.
El proceso cuestiona el centenar de contratos que aprobó con 8 decretos "de su puño y letra" entre enero y marzo de 2010, en el entorno del congreso popular que "curiosamente", tal y como observó el juez instructor, aupó al poder a su hijo José Manuel. En 2013, en plena efervescencia del caso contra su padre, el hijo puso fin a la guerra abierta en el partido renovando mandato con una victoria en lista integradora y apoyo masivo. Desde su ascenso, el actual líder de la Diputación y el PP ourensano se ha desmarcado de su progenitor en palabras y hechos.
Para la Fiscalía, el expresidente eligió a 104 personas "sin sometimiento a los mínimos principios que rigen la contratación pública, siendo el único criterio de contratación un mero acto arbitrario de designación por él mismo"; con "desprecio absoluto" de la ley. Se habría saltado su propia ordenanza, de 2004, sobre personal laboral temporal y "omitió conscientemente" dar publicidad.
Una veintena de los empleos cubrieron puestos "urgentes e inaplazables" en el rural tras supuestas peticiones de concellos de las que no constaban escritos, según la causa. Las presuntas irregularidades fueron posibles, incide el fiscal, por "la omisión y silencio" de la comisión de control integrada por políticos, funcionarios y sindicatos. No hubo informes de intervención y secretaría hasta después, ni siquiera verbales.
La defensa culpa a los técnicos
La defensa admite que no existió publicidad en el proceso pero niega responsabilidades de Baltar. Achaca las irregularidades de los 104 contratos"a los propios servicios administrativos de la Diputación". Eran los técnicos, que testifican el lunes, quienes "tenían confiada la labor de controlar o supervisar" los expedientes. Eso a Baltar "no le incumbe", según su abogado. El expresidente se limitaba "a la selección y designación de los contratados". Miraba currículos, declaró al juez en su comparencia como imputado.
