"Tenemos conocimiento a raíz del proyecto de presupuestos y del informe del interventor", reconocía el portavoz popular, Rosendo Fernández, sobre las irregularidades que se habían cometido en el proceso de indemnización a Proavia. Y después de sentenciar que "estamos ante una actuación muy grave, de las muchas del gobierno socialista", denuncia que de forma sistemática "se nos viene negando información relacionada con el expediente en cuestión".
Fernández indicó ayer que el Grupo Municipl del PP presentó varias preguntas por escrito desde noviembre de 2013, solicitando acceder al expediente correspondiente a la sentencia del Juzgado del Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense, que condenaba al Concello de esta ciudad al pago de algo más 2,5 millones de euros a la empresa Proavia, S.L, después de que se hubiese llegado a un acuerdo, una transacción extrajudicial, que el interventor considera que no se ajusta a la legalidad.
Los populares tuvieron conocimiento de la sentencia condenatoria por el acta de a Junta de Gobierno Local del 10 de octubre de 2013, en la que se daba cuenta, así como la decisión del Concello de no recurrirla. Desde ese mismo momento, la edil popular, Mónica Mourelo, presentó varios escritos para ver el expediente, sin que le fuesen facilitada información alguna, lo que llevó a Rosendo Fernández a acusar al gobierno socialista de "ocultación". Algo que dice entender debido a la magnitud de la actuación: "No me extraña que no nos quieran dar información".
En lo que se refiere al acuerdo al que se llegó a través de una asistencia técnica, de las que "hace la señora Soto", para Rosendo se trata de un "trilerismo en toda regla, y al que nos tiene acostumbrado el gobierno".
