El titular del Juzgado de Instrucción Número 2, Antonio Piña, remitió a las partes personadas en la investigación judicial que lleva a cabo por las presuntas irregularidades cometidas en la gestión del servicio municipal de ayuda a domicilio, el informe que le fue trasladado por la Policía Judicial de la Guardia Civil, documentación que aportó José Troncoso sobre la actividad económica y financiera de Alberto López, su exsocio y actual gerente único de la empresa concesionaria del servicio, Corporación LS Servicios Sociosanitarios S.L. Los dos empresarios se encuentran imputados en la investigación, al igual que la edil de Bienestar Social y teniente de alcalde, Marga Martín, así como varios funcionarios del Concello, del área Social.

Del análisis del informe, el magistrado decidirá si tiene relación directa con la causa que es objeto de investigación, en este caso el servicio de ayuda a domicilio del Concello de Ourense, y que cuenta con un auto previo, en el que ya se fijaban los presuntos de malversación y estafa, entre otros, durante la etapa en la que la gestión la realizaba la UTE Troncoso-Saludges Servicios sociosanitarios, de la que ambos eran socios, aunque Alberto López era el gerente único.

Además de reflejar el informe la intensa actividad empresarial, formada por una treintena de sociedades, con polos de referencia social en Ourense y Madrid, también se centra en cuestiones que estarían relacionadas con el último proceso de adjudicación, al que fueron por separado los dos exsocios, y que provocó un enfrentamiento que derivó en la vía judicial, por el momento en el ámbito Contenciso-Administrativo, favorables a Alberto López, pero que ahora pueden entrar en lo penal, sobre todo después de la documentación aportada.

Así, en el apartado del servicio de ayuda a domicilio de la documentación aportado por Troncoso, se señala que Alberto López "certificó falsamente" la solvencia económica y técnica de su mercantil Corporación LS Servicios Sociosanitarios, que se hizo con la licitación del servicio municipal en 2011 con un presupuestos de algo más de 16 millones de euros, formando una UTE con FCC Servicios Ciudadanos.

Sostiene el informe, y es lo que analizará el juez, que la documentación presentada, "incluidas las falsedades", fueron rubricadas con el sello de la administración local con el que se les dio, de alguna forma, veracidad.

De ahí que el organismo encargado de analizar el contenido de la oferta -en este caso el Concello- "no contrastó" datos tan relevantes como el "inmovilizado material" que ascendía a más de 2,7 millones de euros, cuando los inmuebles a su nombre, como así se refleja en la información patrimonial, están "bajo embargo preventivo" de la Tesorería General de la Seguridad Social para asegurar un total de 988.865 euros que le son reclamados -solidariamente junto a su exsocio José Troncoso- como administrador de la UTE deudora formada por Saludges Asesoría Sanitaria SL y Troncoso Casares SL, adjudicataria del servicio municipal de ayuda a domicilio entre los años 2007 y 2011, objeto de investigación judicial.

Sobre la adjudicación posterior, se advierte en el informe de que constituida "atipicamente", debido a que se produjo antes de fallarse el concurso. Debido a que se constituía dos días antes de que la Mesa de Contratación del Concello adjudicara el contrato, al contrario del procedimiento habitual en estos casos que establece que la UTE no se da de alta en la Agencia Estatal de Administración Tributaria hasta que se anuncia la adjudicación y se conoce el ganador. La UTE se dio de alta el 20 de diciembre y la Junta de Gobierno aprobó por trámite de urgencia la adjudicación el 22 de diciembre por un importe de 16,8 millones.