El claro respaldo del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, al modelo de tribunales provinciales de instancia que privaría a Vigo de sede autónoma ha caído como un jarro de agua fría en la ciudad olívica. A la espera de que un dividido órgano de gobierno de los jueces emita su dictamen sobre el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), tras posponerse hasta el lunes la conclusión del informe que se estuvo debatiendo toda la jornada del jueves, algunos colectivos vigueses, poniéndose en el peor de los escenarios, creen que hay que ir más allá y aumentar la presión. Uno de ellos es la plataforma SOS Xustiza, integrada por abogados, procuradores, funcionarios y ciudadanos, que acaba de instar a la Xunta a que recurra ante el Tribunal Constitucional en el caso de que prospere la polémica reforma del ministro Gallardón.
"Dejar a la primera ciudad de Galicia y una de las que más asuntos ventila de España sin sede judicial propia podría ser inconstitucional e incluso podría vulnerar competencias autonómicas", denuncia esta plataforma, conformada en su junta directiva por funcionarios y letrados y que suma más de 560 socios. La presidenta del colectivo, Yolanda Aguiar, afirma que otras comunidades autónomas ya anunciaron que irán al Constitucional de salir adelante el anteproyecto en los actuales términos. Y emplaza por ello al presidente del Gobierno autonómico, Alberto Núñez Feijóo, a que haga lo mismo. "Que lo anuncie ya también, no debe esperar, y que impida el ultraje que supondría relegar a la ciudad más importante de Galicia y una de las principales del noroeste español a la condición injustificable de mera sede desplazada", concreta.
A mayores, la asociación se ha dirigido también a los grupos parlamentarios representados en el Parlamento de Galicia instándoles a crear una comisión de estudio de la propuesta más adecuada para Galicia con vistas a la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, "de modo que la futura organización judicial gallega responda a las necesidades reales de los ciudadanos y se estructure en función de criterios objetivos y legales".
Aval público
Esta reacción de la plataforma se produce a raíz del pronunciamiento público del presidente del CGPJ, en unas jornadas en Burgos, defendiendo la centralización de la justicia en capitales de provincia. Lesmes, que fue miembro de la comisión de expertos que hizo esta polémica propuesta, lidera además el sector conservador del Poder Judicial, cuya comisión permanente se reunió este jueves para emitir su dictamen, aplazando la conclusión del informe a este lunes tras más de diez horas de negociaciones. Fuentes judiciales consultadas dicen que los vocales estarían intentando este fin de semana "aproximar posturas" en torno a los vitales asuntos que contempla el denso texto legal.
Tras este primer informe, el pleno del Poder Judicial aprobará el 26 de junio su propuesta definitiva con la votación de sus 21 vocales, que aunque no es vinculante, sí es preceptiva igual que la del Consejo Fiscal y la del Consejo de Estado. La incógnita sobre lo que decidirá el máximo órgano de representación de los jueces sigue abierta, pero hay juristas que admiten que hay que ponerse en el escenario de que el criterio de Lesmes, el que relegaría a Vigo a sede "repartida" o "desplazada", pueda acabar imponiéndose. Por eso consideran que la lucha en pro del estatus judicial vigués debe continuar con fuerza.
