En la investigación judicial de las asistencias técnicas en el ayuntamiento de Ourense, el alcalde se expresó, en boca de su abogado, a favor de que se reclame el pago de fianza a uno de los sindicatos que lo acusa de prevaricar. El regidor quiere disuadir de una utilización de la causa, e impedir "fines espurios" y "publicidad negativa", según el escrito de su defensa. La judicialización rampante de la política en Ourense hace que los investigados exijan los máximos requisitos si van a encajar las acusaciones de sus rivales por lo penal. Querella y depósito económico. La reclamación de una cuantía no es exclusiva de los procesos que atañen al gobierno de la ciudad. En la causa de las depuradoras de la Diputación de Ourense cuestionadas por la Unión Europea, el único imputado hasta el momento también ha reclamado al juez que imponga una cantidad al PSOE provincial.
Los socialistas tienen un abogado con acceso a las diligencias penales reabiertas a partir del informe de la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF), una agencia bajo órdenes de Bruselas. A diferencia del BNG, que también puso en manos de la justicia el dictamen en el que se apreciaban varios posibles delitos en los planes Daredo y Deputrans, los socialistas pretenden mantenerse hasta el final del proceso como acusación popular.
No se fijó en el caso Baltar
Por eso el abogado de Javier Bobe, el funcionario que en febrero tuvo que declarar como imputado, solicitó que el PSOE abone fianza para continuar en la causa. El magistrado de Instrucción Número Dos de Ourense, Antonio Piña, determinará la cuantía, que las fuentes consideran no diferirá demasiado de los 3.000 estipulados en el caso de las asistencias técnicas. Según las partes personadas, el juzgado aún no les ha notificado una resolución al respecto.
Prueba de que el prisma político ha cambiado en el Pazo de Xustiza, al multiplicarse la tramitación por lo penal de asuntos de la vida pública, es que el PSOE podría tener que pagar una cantidad para ejercer la acusación en el supuesto fraude de las depuradoras, justo en el mes en que su abogado acompañará en el estrado a Fiscalía y al seudo-sindicato Manos Limpias, como acusaciones en el proceso por presunta prevaricación continuada del expresidente provincial, José Luis Baltar.
El proceso al "cacique bueno" se instruyó a principios de 2013 sin que Leonardo Álvarez, el juez de Instrucción Número que investigó los hechos, considera necesario reclamar fianza para admitir acusaciones populares en la causa. Los socialistas, que denunciaron los 104 contratos a dedo ante la Fiscalía en 2010, pudieron personarse sin desembolsar fianza. Por las 104 depuradoras del rural que cuestionó la Unión Europea, sí tendrían que hacerlo ahora.
Mientras, la investigación del juzgado de Instrucción Número Dos, que indaga un posible delito de estafa en todos los supuestos, sigue adelante. El viernes están llamados a declarar un exedil del PP y dos empresarios en calidad de testigos por los procesos de suministro y asistencias técnicas de las 104 plantas contra residuos para aldeas del rural ourensano. El exconcejal es Francisco Javier Rodríguez Nóvoa, un funcionario jefe de la institución provincial que ejerció como representante del PP en la capital hasta 2011. El mismo día están citados los representantes legales de la empresa adjudicataria del suministro de depuradoras -la que, según la OLAF, recibió información privilegiada y trato de favor-, así como de una firma a la que se otorgó la redacción de asistencias técnicas. En la actualidad el exconcejal del PP es el jefe de Planificación y Seguimiento. En 2003 y 2004, cuando se ejecutaron los planes Daredo y Deputrans en el foco de la justicia, Nóvoa era el jefe del Negociado de Fondos Europeos. Redactó el programa de los dos proyectos aprobados por la UE.
El juez reabrió la investigación delictiva que él mismo había archivado en 2009, cuando, el pasado mes de octubre, PSOE y BNG -solo los socialistas como parte personada- trasladaron al juzgado el informe de la agencia europea contra el fraude, la OLAF, en el que se señalaban "graves irregularidades" e indicios de delito. Los inspectores comunitarios de la agencia contra el fraude acusaron a la Diputación, regida entonces por José Luis Baltar, de haber ofrecido información confidencial al licitador que ganó el concurso y de adjudicar a la misma empresa los proyectos de instalación, simulando procesos negociados. La agencia vio posibles prevaricación, tráfico de influencias y fraude al presupuesto de la UE.
La devolución de 10,1 millones
En febrero, el jefe del servicio de Aguas y Medio Ambiente, Javier Bobe, acudió a declarar en calidad de imputado. Él redactó el pliego de licitación a partir del proyecto Daredo que el departamento, precisamente responsabilidad del próximo en declarar Rodríguez Nóvoa, había presentado previamente para su aprobación a la UE. Bobe declaró que Baltar padre no tuvo intervención "más allá de las firmas e los contratos". En cambio, sostuvo que el entonces vicepresidente y actual delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, "estaba siempre en las reuniones" y se encargó de "la parte política con los alcaldes". El PSOE pidió su citación de ambos.
Mientras el juez pregunta a la Abogacía del Estado si también se persona , el ministerio de Hacienda ultima la posible reclamación de los 10,1 millones de euros de fondos comunitarios que cofinanciaron los planes Daredo y Deputrans. El expediente de reintegro se incoó en 2013. El Gobierno anunció hace semanas en el Congreso que la resolución llegará "en breve". En nuevas alegaciones contra el informe de la OLAF, el presidente provincial, José Manuel Baltar, que se encontró con la inspección justo al asumir el poder a principios de 2012, ha solicitado a Hacienda que frenara la devolución de los 10,1 millones hasta sentencia firme o auto de archivo.
