El juzgado de Instrucción Número Dos de Ourense, encargado de resolver si hubo prevaricación en las obras de la calle Bedoya sea o no recusado su juez titular, Antonio Piña, ha dado traslado a los imputados -13 entre políticos, empresarios y un funcionario- para que se pronuncien sobre la petición formulada por uno de los citados a declarar. El exteniente de alcalde del BNG, Alexandre Sánchez Vidal, solicita una única investigación sobre la reforma de la calle y la de otra obra paralela, en la Plaza de Paz Nóvoa, que ha dado lugar a otras diligencias penales en el juzgado de Instrucción Número Tres.

El abogado del nacionalista ha pedido la acumulación de este segundo procedimiento en el de Bedoya, más avanzado, porque alega que se tratan de los mismos hechos. El proceso de adjudicación fue idéntico y quedó aprobado en la misma junta de gobierno local, el 4 de septiembre de 2008. De hecho, Democracia Ourensana hizo referencia a las dos actuaciones en su escrito único de denuncia.

La tramitación de dos causas distintas podría dar lugar a que la misma junta sumara dos imputaciones espejo por causas calcadas. De momento, la magistrada del Número Tres ha recabado el expediente de Paz Nóvoa y la ratificación de denuncia por parte del líder de DO, Gonzalo Jácome.

Como en el caso de la calle Bedoya, la adjudicación de la reforma de la plaza se llevó a cabo con un procedimiento negociado, sin publicidad, y por trámite de urgencia, para una actuación que superaba el máximo legal previsto de 200.000 euros de licitación. En la primera calle, la adjudicataria fue OCA, S.A. tras concurrir tres ofertas vinculadas que se presentaron con margen de solo cinco minutos. En la plaza, las obras se encargaron a una UTE -unión de empresas- formada por las constructoras Sercoysa y Tuconsa que resultó adjudicataria tras la invitación a otras dos empresas. El importe de adjudicación fue de casi 435.000 euros. El de Bedoya no llegó a los 600.000.

Al menos en este expediente no existieron los informes preceptivos del interventor ni el jurídico jefe, como este declaró ante el juez. El gobierno solo concede un "posible error" por la premura en dar trámite al expediente de adjudicación para no perder una subvención.