El alcalde de Ourense, Agustín Fernández, renunciará a la "caducidad" del expediente sobre la urbanización de la calle Clara Corral Aller, en la que está ubicada su vivienda, con el fin de "facilitar la reapertura y la nueva tramitación, como consideren conveniente, los técnicos municipales".
Lo ha anunciado, a través de un comunicado, después de que en la junta de gobierno local celebrada este jueves se aprobase la propuesta del jefe del servicio de licencias de dar por correcta la tramitación de la licencia de ocupación de la casa del ahora alcalde --entonces concejal de Hacienda-- y de considerar "que no procede" la devolución del aval de 20.000. El expediente "está caducado", pero se trasladó a la asesoría jurídica, "por si ese departamento decide alguna resolución al respecto".
La Fiscalía de Ourense también recibirá documentación del grupo de gobierno, según anunció la edila socialista Áurea Soto. De esta manera, el fiscal cuenta desde este jueves con un relato y documentación de toda la tramitación administrativa del expediente en los 15 días anteriores a su cierre, aprobado este 5 de junio.
"La Fiscalía tendrá, así, conocimiento de la agilidad de la tramitación y de todo lo ocurrido desde que el PP presentó su denuncia hasta la resolución de la junta de gobierno", ha señalado la concejala.
"CARPETAZO"
En una rueda de prensa anterior a estos anuncios, el portavoz del PP municipal, Rosendo Fernández, había censurado que la junta de gobierno diese "carpetazo" al expediente de las obras por las que hace cinco años se urbanizó la calle en la que vive el actual alcalde Agustín Fernández, y había afirmado, también que llevará toda la documentación a la Fiscalía.
Sin embargo, el alcalde ha anunciado que renuncia a la caducidad del expediente después de conocerse que la tramitación ordinaria, en la que se contaba con 15 días para adoptar una resolución definitiva en la revisión de oficio, se acordase la idoneidad de la licencia de ocupación y la caducidad de la revisión de oficio, "por indicación de los informes técnicos pertinentes".
Pese a ello, y como explica, para "mostrar su absoluta buena fe", el regidor ourensano renunciará en cuanto le sea notificado el acuerdo mediante un escrito en el Ayuntamiento "a la caducidad del expediente", con el fin, ha agregado, "de que pueda volver a ser revisado por los funcionarios".
"LO DEJÓ CADUCAR"
Rosendo Fernández, portavoz de los populares en Ourense, aseguró, en la rueda de prensa urgente convocada con anterioridad, que el grupo de gobierno "dejó caducar, a sabiendas, el expediente de la licencia de ocupación de la casa y de la urbanización calle del alcalde para que no tuviera que pagar más de 20.000 euros de sanción".
En este sentido, el edil popular se ha preguntado por las responsabilidades que se pueden derivar de esa caducidad que él tilda de "deliberada", puesto que ha considerado que "conllevará un daño patrimonial para el ayuntamiento", según dijo. "*Cuál será ahora el cauce para satisfacer esa cuantía que tenía que haber pagado él?, *Pretende don Agustín legalizar la impunidad, siendo inspector de la agencia Tributaria?", se ha preguntado retóricamente.
Centró sus acusaciones en el regidor socialista y habló de "evidente negligencia" de la junta de gobierno local ante un "incumplimiento con el ayuntamiento" por parte del regidor.
En este sentido, anunció que llevará la documentación a la Fiscalía para añadirla a la denuncia presentada, hace unos meses, por las posibles irregularidades en la adjudicación de las obras de urbanización de Clara Corral Aller, con cargo a fondos del plan E.
RECUERDA QUE YA LO HABÍA ADVERTIDO
Fernández ha relatado que ya había advertido al alcalde de que estaba a punto de caducar el expediente, en el pleno del día 15 de abril. Ese mismo día, según recordó este jueves, le avisó de que no tuviese la tentación de dejarlo caducar, porque el PP lo llevaría entonces a Fiscalía, "y aún tenía tiempo de ir a pagar antes de que cerrasen los bancos", recordó.
"Lo único que sabemos ahora es que la junta de gobierno estuvo presidida por la edila de Urbanismo Áurea Soto, por ausencia del alcalde en ese punto, y se dio carpetazo al asunto. Y el alcalde no pagó cuando se le reclamó desde Intervención municipal", ha agregado.
Además, ha agregado que, en la junta de gobierno de la mañana que cerró el expediente, no estuvo la edila Mónica Vázquez, "la misma que hace unos días dejó explicado que las sentencias están para cumplirlas y no para ser criticadas".
"Y hoy se ausentó, igual que otros ediles dijeron hace meses que no irían a las juntas, porque se cometían irregularidades", en alusión a la postura de los ediles díscolos y de las palabras de Vázquez al conocerse la sentencia judicial que dio la compatibilidad a un funcionario para dar clases, por silencio administrativo positivo.
Por su parte, la edila Mónica Vázquez ha explicado a Europa Press que no formó parte de la junta de gobierno de este jueves porque no pudo, y ha manifestado desconocer la tramitación del expediente relativo a las obras en la calle del alcalde.
RECORRIDO LEGAL
Según el portavoz popular, el acta de la junta de gobierno estará en su mano en una semana y será entregada en la Fiscalía, pues, aunque ya pasaron los cuatro años para reclamar en plazo administrativo, el expediente "caducó porque se dejó caducar".
Al respecto, ha indicado que los populares ya "advirtieron de que no se hiciese así", por eso, lo recordaron en el pleno de abril, cuando el expediente había pasado 15 días en manos de técnicos municipales, "alguno amigo de Áurea Soto, porque entró partiendo de un contrato de asistencia técnica.
