La Fiscalía no ha necesitado ninguna declaración para descartar delito en la denuncia con la que el gobierno del PSOE contraatacó, con dos pájaros de un tiro, a PP y DO. El ministerio público pide al juez de Instrucción Número Dos, Antonio Piña, que archive la causa por la compra de 295 altavoces al comercio del líder de DO, Gonzalo Jácome, acordada en 2006 por el gobierno popular del exalcalde Manuel Cabezas. La factura se llevó a junta de gobierno fuera del orden del día y la adjudicación por importe de casi 61.700 euros se acordó por trámite de urgencia, de forma directa y sin publicidad a otras empresas. El edil que llevó la propuesta, como titular de Comercio, fue Aurelio Gómez Villar, el único en activo. Todos los asistentes aprobaron el suministro por unanimidad.

Tras la denuncia de las aceras del alcalde, el ejecutivo de Ourense pasó a la acción. Primero cuestionó la imparcialidad del juez que investiga dos de las causas principales contra el gobierno -la de las obras de Bedoya y la del servicio de ayuda a domicilio- y después demostró que "también sabemos buscar en los cajones", en palabras de la edil Áurea Soto, equiparando en sus argumentos la compra de material a Jolper y el procedimiento de las obras de la calle Bedoya, que obligará a declarar a todo un gobierno a partir del día 18.

Rizando el rizo, la denuncia por una supuesta prevaricación en la adquisición de los altavoces fue presentada a título particular por la concejala de Urbanismo, y fue a parar al juzgado de Antonio Piña, al que recusó en sintonía con el exalcalde por, entre otros motivos, una supuesta afinidad con Democracia Ourensana.

El gobierno reprocha a la oposición que judicialice casos cuyo cauce es la vía contenciosa. Por el principio de intervención mínima de la vía penal esa es la instancia donde correspondería analizar, entiende la Fiscalía, la compra al comercio de Jácome del gobierno de Cabeza. No aprecia "el más mínimo indicio" de prevaricación en la actuación de la junta de gobierno del PP que adjudicó la factura. Los 295 altavoces nunca se instalaron. Están almacenados en el Auditorio.

El magistrado ha dado ahora la posibilidad de contestación al gobierno. Después decidirá si sigue con la causa iniciada por el PSOE o acuerda el archivo.