Mientras el BNG advierte de un incremento de la conflictividad ciudadana por la "luz verde" que esta ley concede a las compañías, la concejal Áurea Soto asegura que tanto la actual normativa como la que se aprobará definitivamente es "tranquilizadora" ya que establece unos límites máximos de emisión "siempre muy superiores" a los que realmente se aplican. Además, destaca la "escrupulosidad" con la que controla e informa el Ministerio de Industria a tiempo real sobre la situación de las antenas y sus posibilidades de emisión. "Las operadoras nunca se han saltado los límites porque se enfrentan a multas elevadísimas", aclara.

Precisamente, la Ley General de Telecomunicaciones pretende facilitar el despliegue de las redes fijas y móviles en una apuesta por las comunicaciones ultrarrápidas. Su objetivo es obtener un marco regulatorio estable que facilite la inversión y garantice la competencia.

Para el BNG, esto choca con la seguridad de la ciudadanía ante las emisiones electromagnéticas. "Esta ley protege a las compañías y vela por su seguridad en la implantación de antenas, pero no por la seguridad de las personas", critica Susana García. La edil nacionalista denuncia también que se permita la urgencia de los procedimientos y se establezca un plazo de "solo dos meses" desde que la operadora presenta su plan de despliegue y recibe la autorización. "Si no tiene respuesta en dos meses, ya se entiende que está aprobado", critica.