Entre las conclusiones de los diferentes informes de fiscalización del interventor municipal destaca en la que alerta de la "vulneración" de la normativa de contratación pública, en concreto del acondicionamiento de una calle en Vistahermosa, debido a que la realización de esa obra se encarga a un contratista "incurso en una prohibición de contratar con la administración, debido a sus deudas con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social, extremo que vicia el procedimiento del gasto observado".

Es por eso que el portavoz del grupo popular, Rosendo Fernández, nada más tener conocimiento del levantamiento de reparos por el alcalde, denuncia que "esta práctica es un síntoma más del disparate instaurado en la gestión municipal, al perderse la vergüenza y se convierte en una costumbre ignorar sistemáticamente las advertencias y reparos de la Intervención en lo relacionado a la gestión de fondos públicos".

En cuanto al informe justificativo firmado por una edil, en este caso Áurea Soto, el PP concluye: "Una múltiple imputada hace lo que no quieren hacer los funcionarios".