Si la oposición municipal alerta sobre los reparos de Intervención que levantó el alcalde, Agustín Fernández, cuya cuantía económica supera los 1,1 millones de euros, el gobierno socialista resta importancia a lo que considera un "mero acto administrativo" y justifica la decisión adoptada por la necesidad de hacer frente a pagos a proveedores, entre los que se encuentra una empresa del grupo Vendex, en concreto la que se encarga del servicio de limpieza de edificio municipales, Procedimientos de Aseo Urbano (PAU).
Sobre esta cuestión se pronunció ayer el alcalde, actor principal en lo concerniente al levantamiento de los reparos, y en el caso concreto del grupo Vendex explicó que se ha llegado a la situación actual debido a una "larga tramitación administrativa" para la adjudicación del servicio que finalizó el 2001 y que realiza en precario. Aclaró asimismo que se prolongó en el tiempo debido a que se presentó un recurso extraordinario por la vía contencioso-administrativa.
Pero Agustín Fernández anunció que a partir de hoy quedará solucionado, ya que comenzará a funcionar la nueva adjudicataria que se encargará de realizar la limpieza de los diferentes edificios municipales, con lo que desde ese mismo momento la empresa del grupo Vendex dejará de tener relación con el Concello.
Ausencia de contrato
Sin embargo, aunque para el gobierno socialista y para el alcalde es una cuestión administrativa, los sucesivos informes de fiscalización de la Intervención municipal, en los que se reparan las facturas remitidas por la empresa del grupo Vendex, son contundentes al reiterar que este servicio, el de limpieza de dependencias del Concello de Ourense, a pesar de su importancia económica, más de 620.000 euros al año, "se está desarrollando de una forma irregular desde el punto de vista de fondos públicos". En este sentido, esgrime que el contrato que le otorgaba cobertura jurídica "expiró el 13 de mayo de 2001", sin que de forma correlativa se tramitase la correspondiente prórroga o se promoviera una nueva licitación pública.
Sobre esta última cuestión, la de un nuevo proceso de licitación, el alcalde discrepa. Fernández sostiene que se puso en marcha y que tuvo una "larga duración", además de ser una de las cuestiones que forman parte de la investigación de la operación Pokemon de corrupción, que instruye la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, y en la que se encuentran imputados el exregidor Francisco Rodríguez, un funcionario del Concello, que en aquellos momentos era jefe de negociado, así como directivos del grupo Vendex.
Pero la Intervención sostiene en su nota de reparo que se trata de una actuación administrativa que comporta una gestión de fondos públicos "en clara contravención de las normas y de los principios de la contratación administrativa", y en particular los de publicidad, transparencia, de libertad de acceso a las licitaciones, concurrencia, objetividad y de selección de la oferta más ventajosa para los intereses del Concello. Unos aspectos que quedarían garantizados con "los pertinentes procedimientos de selección del contratista".
Para la oposición municipal, se trata de una situación de la que el único responsable es el gobierno socialista. Acerca de que se levantasen los reparos, el alcalde, que "no puede decir que es irrelevante", concluyó el portavoz popular, Rosendo Fernández.
