La justicia, cargada con el estigma de actuar con lentitud, emite en Ourense casi una noticia diaria sobre investigaciones de presuntos delitos que conciernen al gobierno. En una de las cinco causas por las que está imputada la concejala de Urbanismo, Áurea Soto (PSdeG), el juez de Instrucción Número Uno, Leonardo Álvarez, tiene previsto realizar dos interrogatorios esta mañana.
Con semanas de retraso por problemas de localización, el magistrado interrogará hoy, finalmente, al arquitecto municipal, ya jubilado, que realizó la valoración para una posible indemnización de una vivienda situado en un primero de la calle Bedoya, afectada por reducción de luminosidad en las traseras. El litigio con la propietaria amenazó con el derribo de la céntrica urbanización de la Plaza San Antonio, entre las calles Bedoya, Ramón Cabanillas y Buenos Aires.
Tal y como testificó ante el juez, la particular acabó por retirar la demanda después de cobrar la indemnización: 358.000 euros. Ningún técnico del ayuntamiento acudió a visitar su piso. El arquitecto retirado, C.O.C., declara en calidad de testigo. Según la acusación que ejerce el abogado Antonio Feijóo Miranda, el técnico valoró la alternativa de indemnizar a la mujer por el precio de una vivienda nueva -el piso fue adquirido en 1975- más 9 años de alquiler -aunque no dejó de vivir en el inmueble, según una certificación aportada por el Concello- y menos una depreciación de unos 125.000 euros por la reducción de luces traseras.
El letradas de Casas Orense, la promotora que está detrás de tres de los procedimientos penales contra Áurea Soto, acusa a Soto de prevaricar. En 2007 legalizó el aparcamiento subterráneo de la urbanización, explotado por una empresa privada, pese a que sentencias del TSXG y un informe de un técnico de administración general del ayuntamiento consideraron el subsuelo de dominio público.
La concejala concedió esa licencia de acuerdo con un informe técnico de su asesor jurídico predilecto, un abogado de A Coruña, Carlos Hernández, cuyo despacho contabiliza unos 150.000 euros en sucesivos contratos y facturas por asistencias y representación jurídica desde 2008. Soto defiende que su buena gestión ha evitado indemnizaciones millonarias al erario público municipal. El abogado es el que redactó la recusación contra el juez Antonio Piña como representante legal de Soto y el exalcalde Francisco Rodríguez. Hoy va como imputado.
El proceso de la Plaza San Antonio saltó de manos de Democracia Ourensana a las del constructor. El partido presentó la denuncia pero desistió de personarse como acusación.
