Los contratos mediante técnicas constituyen "una contratación arbitraria por móviles político, personal y familiar" que suponen la "entrada por la puerta de atrás del Concello de Ourense". Así acometía el portavoz del PP, Rosendo Fernández, en un intento en vano de que el gobierno local aceptara, en el pleno de marzo de 2013, un marco de regulación sobre las asistencias técnicas, para impedir el fraude de ley y el riesgo de conversión de personal ajeno en empleados públicos que el interventor municipal subrayó en sus numerosos informes de reparos.
Las notas de advertencia de ilegalidad forman parte de las diligencias previas por presunta prevaricación administrativa y malversación de fondos que tramita el juez de Instrucción Número Uno de Ourense, Leonardo Álvarez. El funcionario fiscalizado testificó el pasado 18 de febrero y dijo al juez que, además de los cinco casos denunciados por los sindicatos, había formulado observaciones a más.
En los reproches más recientes fue el actual alcalde, Agustín Fernández, incriminado por CIG y USO en la causa, el que dictó decretos para levantar reparos a facturas de asistencias técnicas, la mayoría del personal citado a testificar, con importes de unos 2.000 euros al mes cuyo gasto fue convalidado. Para "proteger los derechos legítimos de los contratantes que se relacionaron de buena fue con esta administración", según el argumento recurrente de dichos decretos.
El fiscalizador realizó avisos específicos al actual regidor. El funcionario advertía al mandatario, inspector de Hacienda y exconcejal con esas competencias, de que "las facturas recibidas siguen reflejando las mismas prácticas administrativas que las denunciadas desde el año 2009". Los contratados "realizan funciones en las propias dependencias municipales y sin aportar medios materiales propios", señalaba un informe de septiembre de 2013, posterior por lo tanto al pleno de agosto en el que el alcalde dijo haber ordenado frenar las asistencias técnicas.
El interventor le informaba de las "recientes" sentencias laborales "por las que se declaran y reconocen relaciones laborales de carácter indefinido, con base en actuaciones administrativas irregulares, dado que se simulan la existencia de contratos de asistencia técnica donde concurre una relación laboral en fraude de ley". Aludiendo a las "reiteradas" advertencias de ilegalidad, el interventor vio "desconocida e ignota en la actuación de los responsables políticos del Concello de Ourense", su obligación como cargos públicos de respetar el ordenamiento jurídico.
Un gasto de 1,47 millones
El recurso a profesionales de fuera en detrimento de una plantilla con cerca de un millar de trabajadores elevará, a final de mandato, el coste acumulado en asistencias técnicas a 1,467 millones de euros, según el PP. Por contra, la concejala Áurea Soto defendió ayer esta política de personal como una salida ante las bajas y traslados de funcionarios de sus servicios de Urbanismo.
