En la vorágine que tiene en vilo al frágil gobierno de Ourense -con minoría de ediles y una fractura cainita del grupo del PSOE-, las investigaciones de los jueces no dejan de causar imputaciones. La última tiene que ver con la contratación de profesionales externos con asistencias técnicas que los llevaron a plantilla con puesto fijo. Los sindicatos CIG y USO formalizaron la denuncia y, tras cerrar justo ayer la fase de declaraciones de testigos, el juez del caso, Leonardo Álvarez, ya apunta a los políticos. El alcalde, Agustín Fernández, la directora de Personal, Carmen Dacosta, y la edil de Urbanismo, Áurea Soto, fueron denunciados por supuesta prevaricación y malversación. Soto confirmó que ha sido llamada a declarar como imputada el día 21. Es ya quinta imputación. Pese a los comentarios que circulaban por el consistorio, el entorno del regidor afirmó que él no ha sido citado.
Áurea Soto tuvo conocimiento de su nueva causa judicial mientras se encontraba, ayer por la mañana, en el Pazo de Xustiza, para responder de la querella sobre la concesión de licencia a la residencia del campus que fue declarada ilegal por el TSXG. En un receso, un agente del juzgado de Instrucción Número Uno de Ourense le llevó la citación a la oficina del Número Dos de Ourense, donde comparecía. Muestra del cúmulo de casos que marcan diariamente la agenda municipal, más o menos a la misma hora concluían sus interrogatorios los 5 profesionales externos que pasaron a fijos. Declararon como testigos.
Después, el permantente runrún en medios consistoriales extendió la sospecha de citación al alcalde e incluso a su predecesor, Francisco Rodríguez. Portavoces del gobierno solo reconocieron la llamada a la edil de Urbanismo. Nadie como Soto, la arquitecta que ha sacado adelante el nuevo PXOM, conoce los juzgados. Con la de las asistencias técnicas, suma cinco imputaciones. Ayer fue interrogada durante dos horas.
El permiso a la residencia abierta desde 2001 fue otorgado que se acompañara la urbanización de accesos y seguridad. Un técnico, que también declaró como imputado, hizo el informe. Un promotor con intereses en la zona y que lidera la junta de compensación del polígo formuló denunciado. El constructor ejerce como querellante o asucación en tres de los procesos contra la concejala. Áurea Soto, que ve el ámbito contencioso como el adecuado para resolver la cuestión, tiene claro por qué. "Para que se le regale el 100% de aprovechamiento", que la institución local le denegó en la zona."Se están utilizando los juzgados por parte de especuladores con dinero", acusó, "para presionar a aquellos que no se someten". El estado de "difamación" a los políticos le recuerda incluso a "tiempos de Franco"
La edil asoció el motivo de sus querellas urbanísticas al de la denuncia de asistencias técnicas que abre otro frente de imputaciones en el gobierno. El representante de CIG, uno de los dos sindicatos denunciantes -la personación de ambos, y si deben pagar fianza, dependen del criterio de la Audiencia- es el funcionario cuya petición de compatibildidad para dar clase propició el plante de los díscolos. "De haberla permitido", dedujo Soto, "no habría denuncia".
La residencia, "un hotel"
El abogado denunciante, Antonio Feijóo, que tiene facturas con ciertos usos de la residencia del campus "como hotel" defiende que "nada tiene que ver el 10% con la ilegalidad" de la dotación del campus y defiende que su cliente, Casas Orense, pretende "ejecutar primero" el entorno de la residencia y el solar municpal.
