Un pronunciamiento claro y rotundo fue el que proclamó ayer la edil socialista, del sector crítico en el Concello de Ourense, y a su vez diputada provincial, Mónica Vázquez, al invitar a los cargos públicos imputados en el grupo de gobierno municipal, el alcalde, Agustín Fernández, y las dos tenientes de alcalde, la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, y la de Bienestar Social, Marga Martín, a "hacer autocrítica" y mantener una actitud ética desde una perspectiva política, y de esa forma recuperar la credibilidad de la ciudadanía.

Unas manifestaciones realizadas por Mónica Vázquez al ser preguntada sobre la ética política en el caso de cargos imputados en instituciones públicas, como sucede en el Concello, y que afectan directamente, en estos momentos, a tres compañeros de gobierno, con los que mantiene diferencias.

La edil y diputada socialista dejaba patente su convencimiento de que un cargo público imputado "no debería formar parte de ningún órgano representativo de ninguna institución" por una cuestión de ética y de responsabilidad, al considerar que es la pauta a seguir. Un planteamiento que coincide con el del BNG, ya que cargos de esa formación que fueron imputados en su momento formalizaron su dimisión de los cargos públicos

Sostiene Vázquez que "cuando las personas damos un paso adelante y queremos participar de la vida pública no me parece exagerado decir que debemos actuar con un código deontológico y ético", para trasladar a todos los que se encuentran en esta situación -las de estar imputados en causas judiciales- a comportarse "con actitudes éticas y morales".

Órganos colegiados

Dentro del ideario que defiende la concejala socialista, dicho principio "debe de primar por encima de todo" por lo que "cada cual sabrá si debe seguir participando de los órganos de representación y órganos colegiados" de cualquier institución pública, como acontece en estos momento tanto en el Concello de Ourense como en la Diputación.

Después de advertir que hay muchos tipos de imputaciones, Mónica Vázquez señaló que se trata de manera general de una "condición penal" y que todas las relativas a un supuesto beneficios personal por parte de cargos públicos, sin citar nombre alguno, "me parece reprobable y muy poco ética".

Y en referencia directa al caso de la Diputación, que en la actualidad elabora un código ético, en este caso por parte del grupo de gobierno del PP, y del que se mantienen al margen los dos grupos de la oposición, PSOE y BNG que dejaron clara su negativa a participar en las reuniones de trabajo, Mónica Vázquez mostraba sus dudas sobre el contenido del texto.

Además, la diputada socialista considera que el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, "no es la persona adecuada para proponer un código de estas características", debido a que "tiene una carencia muy grande" , en clara referencia a que diputados del gobierno también se encuentran imputados y permanecen en el cargo, sin que se les plantease la necesidad de presentar su dimisión.