La propietaria de un bar de Allariz reclama 200.000 euros y cinco años de prisión para un empresario de máquinas recreativas por un delito de apropiación indebida por supuestamente quedarse con parte de la recaudación mensual a través de una contadora de monedas "manipulada". La acusación particular se dirige contra Isaac P.D. y Mario L.L., encargados de realizar las cuentas a final de mes en el negocio familiar que Marisol Pardo abrió en 1999 y en el que instaló un futbolín y una tragaperras. El primero se enfrenta a una petición de condena de cinco años de prisión, y el segundo a cuatro años. La vista se celebrará el 10 de octubre en la Audiencia sin que el fiscal haya elevado escrito de acusación.

El acuerdo comercial entre ambas partes recogía que el recuento de las monedas se realizaría con periodicidad mensual y que se repartiría a partes iguales tras descontar la tasa que corresponde ingresar a la Xunta de Galicia. Marisol empezó a sospechar que el empresario se quedaba con parte de la recaudación y el 30 de abril de 2005 pudo comprobarlo con sus propios ojos.

Según relata el letrado de la acusación particular en un extenso escrito, la hostelera y su marido observaron como parte de las monedas que Isaac P.D. y Mario L.L. contaban en la máquina clasificadora "caían a un doble fondo" que no se repartía con el establecimiento, sino que el empresario se llevaba "para su ilícito enriquecimiento".

Antes de presentar una denuncia ante la Guardia Civil, Marisol Pardo reveló a los acusados que había descubierto el engaño y llegó a un acuerdo con el propietario de las recreativas de que no los denunciaría si se comprometía a devolverles el dinero sustraído. La acusación relata que ese mismo día los encargados de las máquinas abrieron la contadora de monedas ante la hostelera y su familia descubriendo la existencia de más de 2.821 monedas que sumaban un total de 2.021 euros.

La acusación particular alega que el sistema de recaudación utilizado por ambos "estaba preconstituído para sustraer el 50 por ciento de la recaudación de Marisol, que pasaba a un doble fondo".

En una reunión posterior que Marisol grabó, ambas partes llegaron a un acuerdo por el que, según se recoge en el escrito, el empresario reconocía haber desviado por este método 300.000 euros, comprometiéndose a devolvérselos en meses sucesivos. Durante un tiempo se efectuaron pagos que sumaron 100.000 euros, pero en 2006 se paralizaron y la hostelera acabó denunciando los hechos ante la Guardia Civil para reclamar una deuda de 200.000 euros.

La petición de condena en el caso de Isaac P.D. incorpora la agravante de abuso de confianza ya que "eran amigos".