09 de agosto de 2013
09.08.2013

Más de 300 fraudes y 30 imputados en la causa de falsos accidentes abierta hace 2 años y medio

La investigación calcula que el presunto cerebro, dueño de un taller de A Valenzá, pudo lograr más de 250.000 euros - La Fiscalía prevé que solo acabarán en juicio la mitad de implicados por delitos de estafa, simulación o falsedad

09.08.2013 | 07:48
La trama estaba centralizada en un taller de A Valenzá. // Jesús Regal

Más de 2.000 folios, una decena de tomos y dos años y medio de una investigación por concluir resumen la laboriosa tarea de un pequeño juzgado comarcal, el de Trives, en el que se instruyen desde principios de 2011 las diligencias de la bautizada como "Operación Aleta", una extensa trama de presuntos fraudes en el cobro de indemnizaciones de seguros mediante la simulación de accidentes de circulación. La Fiscalía de Ourense asume que la fase de instrucción inmediatamente anterior al juicio -que tendrá lugar en la Audiencia Provincial- no concluirá antes de abril o mayo del año que viene.

Por el momento, las indagaciones de la Guardia Civil se han propiciado la imputación de más de una treintena de personas, entre principales implicados, intermediarios y particulares, así como la localización de más de 300 casos sospechosos de engaño. El ministerio público prevé, sin embargo, que solo acaben acusados y en juicio la mitad de los implicados. Los delitos son variados y ajustados a cada caso: simulación de delito, estafa cualificada, usurpación de estado civil o falsedad documental.

La Policía Judicial se incautó de numerosa documentación en la redada que llevó a cabo a principios de 2011 en Automóviles Santos, un taller concesionario de A Valenzá (Barbadás), que supuestamente actuaba como tapadera de la trama. Los investigadores calcularon que la red podría haber logrado más de un millón de euros mediante el cobro fraudulento de indemnizaciones. A estas alturas de la causa, según las fuentes consultadas, la cifra atribuible al presunto cerebro, Santos A.G., rondaría los 250.000 euros.

El caso estalló en febrero de 2011 y el local de vehículos de A Valenzá, sobre el que la juez aceptó posteriormente retirar la situación de embargo, fue inspeccionado y precintado por agentes de la Policía Judicial de Ourense. Además del dueño cayeron en la fase inicial su mujer, una secretaria y dos empleados. La Guardia Civil se incautó de seis automóviles de alta gama así como de numerosas piezas que, al parecer, eran utilizadas para los fines delictivos.

Todos los implicados, a excepción del presunto cabecilla de la red de estafas, quedaron en libertad tras declarar ante la juez de Trives. Santos permaneció tres meses encarcelado y fue puesto en libertad por la Audiencia Provincial, en abril de 2011, después de abonar 20.000 euros.

En la operación se delató el presunto cobro fraudulento de indemnizaciones por accidentes que nunca se producían -se habrían llegado a dar hasta cuatro partes por un mismo vehículo y se simulaban in situ-; por coches dados de baja que volvían a la carretera o también por dar parte de robos denunciados de coches de lujo en todo el territorio nacional y que también resultaban falsos.

Al parecer, en ocasiones simulaban salidas de vía o atropellos a animales. Trasladaban al lugar del siniestro vehículos con piezas dañadas instaladas para lograr altas peritaciones por parte de las aseguradoras. También se interesaban, según la investigación, en adquirir vehículos de alta gama siniestrados con graves daños que hacían inviable la reparación. Traían del lugar que fuera preciso, Galicia, España o importación, los vehículos de lujo gravemente siniestrados.

El caso más sorprendente ocurrió en agosto de 2010. Presuntamente empotraron un automóvil contra el taller de A Valenzá para simular un robo por alunizaje de un vehículo de gama superior que nunca salió del establecimiento.

La red se interesaba, además, en adquirir automóviles de lujo gravemente siniestrados. Pasado un tiempo suficiente, los daban de alta y los empleaban de nuevo en los siniestros falsos para cobrar una indemnización. Por eso los investigadores han estudiado el papel y la posible implicación de colectivos como agentes de seguros, peritos, chóferes de grúa y clientes.

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