Diez años de inhabilitación pública para un político ya jubilado que se retiró antes de la tormenta. Una hipotética condena sin consecuencias en la práctica. El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, abrió la caja de los truenos el 28 de diciembre con una querella penal contra el todopoderoso José Luis Baltar tras una denuncia del PSOE de dos años antes y, ayer, registró en el juzgado de Instrucción Número Uno el escrito de acusación que apura los últimos trámites para que el expresidente de la Diputación de Ourense durante 22 años -el líder provincial que convirtió su mando orgánico e institucional en una baronía y un contrapoder a Manuel Fraga y Alberto Núñez Feijóo- se someta a la justicia y a los focos por 104 supuestos enchufes en la antesala del segundo de los dos relevos que recibió su hijo y sucesor. Altas temporales, la mayoría por tres meses, en ocho decretos entre enero y marzo de 2010 "de su puño y letra" y "siendo el único criterio de contratación un mero acto arbitrario de designación", sostenía la querella confirmada en la instrucción. "Quería de manera directa que fuesen esa personas, y no otras, las que ocuparan los puestos".

La causa contra el último baluarte territorial del PP gallego se zanjó en apenas seis meses de declaraciones y trámites documentales y quedó restringida a un único posible delito, el de prevaricación. La justicia procesa a Baltar por, presuntamente, saltarse la ley, los trámites de publicidad, la fase de informes y la ordenanza que él mismo firmó en la administración provincial para contratar a quien él decidiera. Por el supuesto nepotismo y los tratos de favor que durante años la oposición y sectores de la sociedad ourensana denunciaron sin encontrar eco. "Tanto los puestos de trabajo que habían de ser cubiertos como la personas destinadas para cubrirlos con la apariencia de contratación temporal" fueron decisiones del expresidente, "que conocía la absoluta ausencia de procedimiento de contratación".

La investigación no se salió del cauce inicial que trazó el fiscal. El PSOE, personado junto al seudo-sindicato Manos Limpias como acusación popular, pretendía ampliar los cargos a delitos de falsedad documental o malversación -infracciones que conllevaría penas de cárcel-, pero la Audiencia Provincial cerró la puerta convirtiendo la imputación en firme. Con todo, el PSOE pugnará para que en los recursos hasta sentencia firme se revisen los cargos. Manos Limpias, que apenas intervino en la instrucción hasta el punto de no formular preguntas durante algunas comparecencias, registró su escrito de acusación en julio. Se aproxima al máximo legal: pide nueve años y medio.

Además del "borrón" que temía al iniciarse el proceso, el mayor castigo para Baltar, que se definió a sí mismo como el "cacique bueno" y se vanaglorió de que los empleados de la Diputación eran "míos", será sentarse en el banquillo. El juicio, todavía sin fecha, se celebrará en uno de los dos juzgados de lo Penal.

"Ya me inhabilité a mí mismo"

Previamente, el abogado del expresidente, que rebaja la infracción de Baltar a una cuestión administrativa y agotó toda posibilidad de recursos, presentará el escrito de defensa. El expresidente vaticinó con acierto cuál sería su futuro después de que, en su edición del 3 de enero, FARO DE VIGO adelantar en exclusiva la querella del fiscal jefe de Ourense que inició la causa. "Yo ya me inhabilité a mí mismo cuando dejé el cargo", dejaba claro el político jubilado. Su hijo y sucesor, José Manuel Baltar, se ha desligado de su legado hasta el punto de ni siquiera mencionarlo en la dedicatoria de su primer libro o justificando su ERE como necesidad tras años de engorde de plantilla.

La justicia solo podrá poner veto a una carrera en la primera línea que ya no existe. Solo cabe inhabilitarlo. En su escrito, Florentino Delgado pide la máxima pena posible para el presunto delito de prevaricación continuada, 10 años de inhabilitación para el desempeño de empleo o de cargo público, el tope que el Código Penal reserva para "la autoridad o funcionario que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria".

El fiscal jefe solicita la declaración de funcionarios de la casa, como el secretario provincial, Francisco Cacharro -hijo del expresidente provincial de Lugo- y del que entonces era interventor José María Baños -Baltar descargó en ellos la culpa en su declaración como imputado el pasado febrero-; así como de varios supuestos enchufados.