02 de agosto de 2013
02.08.2013

El alcalde de Celanova ampara la maniobra de su antecesor para cobrar el paro: "No fue ilegal"

PSOE, BNG y una concejal tránsfuga ponen a prueba al ejecutivo en minoría con iniciativas contra Mouriño y su sucesor - Ferro amenaza con el juzgado tras ver recortado su sueldo por la oposición

02.08.2013 | 07:28
Mouriño (2º derecha) y José Luis Ferro (1º d.), en una visita a las obras de la autovía a Celanova. // B. Lorenzo

La suma de fuerzas de la oposición y el voto determinante de una edil tránsfuga, una ex del PP profundamente enfrentada, pondrá hoy contra las cuerdas en el pleno de Celanova al gobierno en minoría del Partido Popular que lidera José Luis Ferro, el alcalde. La sesión está condicionada por la polémica que el exregidor Antonio Mouriño, parlamentario autonómico, desencadenó tras reclamar y pleitear por la prestación de paro de apenas mes y medio sin cargo después de simular un despido. "Cuando fui en las listas dimití porque la ley obliga, pero yo entendía que me pertenecía ese derecho (...), tendría automáticamente derecho al desempleo. Ahora de esta forma tendré que trabajar un tiempo cuando abandone el escaño", explicó a FARO el político de 59 años forjado en Centristas, uno de los fieles a Baltar padre.

PSOE y BNG sitúan parte de las responsabilidades de la maniobra del exmandatario -al que todavía le conceden amplia influencia- en el actual ejecutivo, donde permanece la edil María Pilar Regueiro, la entonces teniente de alcalde que firmó un certificado de empresa calificando la salida de Mouriño como involuntaria pese a tratarse de una renuncia personal y establecida por la ley. El que durante 21 años gobernó Celanova con uno de los salarios más altos de Galicia -en 2012 solo percibió 380 euros menos de ingresos públicos que Feijóo- se enfrenta a ser reprobado por su corporación esta mañana.

Su sucesor, José Luis Ferro, evitó ayer reprochar la conducta de Mouriño. "Ahí no voy a entrar, cada uno es libre de sus actos", respondió a FARO. Sin entrar en detalles, el regidor asegura que en el pleno de esta mañana "vamos a dejar claro cómo se hicieron los trámites y cada uno va a quedar retratado. No existió ninguna ilegalidad", remachó el alcalde. "Lo que quiero es defender la actuación ejemplar del concello", completó Ferro.

La moción del BNG para reprobar a Mouriño incluye, además, la apertura de una comisión investigadora para depurar responsabilidades pasadas y presentes. El regidor de Celanova se reconoce "muy tranquilo, no se tomó ningún acuerdo ilegal".

En la munición cruzada, el PP someterá al pleno de hoy un recurso de reposición avalado por el secretario municipal contra el acuerdo del pasado 6 de julio que aprobó un recorte salarial al regidor -3.700 a 2.300 euros brutos- así como la supresión de dos dedicaciones exclusivas. Ferro contrapone la supuesta legalidad de los trámites al voto en bloque de PSOE, BNG y la concejal no adscrita el pasado 6 de julio. La oposición logró rebajar salarios -un ahorro anual de unos 60.000 euros- pero, según el PP, incumplieron el Pacto Antitransfuguismo. Tras el previsible rechazo de hoy al recurso de reposición popular, el gobierno tendrá un plazo de dos meses para acudir al juzgado de lo contencioso administrativo.

Además, según el regidor, planean remitir al Comité de seguimiento del Pacto, constituido en las cortes estatales, el acuerdo plenario por si hubiera existido una vulneración.

La última acometida de la oposición la verbalizó ayer el BNG mediante una moción de urgencia que apunta directamente al sucesor. Los nacionalistas solicitan "de forma urgente" la dimisión de José Luis Ferro por "amparar a miembros corruptos de su gobierno municipal". Los nacionalistas redoblarán el tono crítico de la sesión de hoy por la polémica desatada por Mouriño y propagada a la gestión de Ferro.

El BNG cuestiona, en concreto, por qué Pilar Regueiro firmó el certificado cuando su conducta vulneró un Real Decreto. El portavoz nacionalista en Celanova, Leopoldo Rodríguez, pide aclaraciones para saber "de dónde salieron los datos para la emisión de tal certificado y quién era conocedor".

Un "intento de engaño"

A criterio del BNG, "el mero hecho de engañar a la justicia, con certificaciones falsas, supone para nosotros un caso claro de corrupción". Sobre el papel del actual regidor, los nacionalistas consideran que José Luis Ferro "a pesar de ser conocedor de todo lo que está sucediendo, está amparando la corrupción y el intento de engaño por miembros de su gobierno y de su partido".

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