La tensión se fue acumulando desde el mismo inicio del pleno, y el motivo no era otro que el debate de reprobación del alcalde, Agustín Fernández. Pero fue en la moción conjunta de todos los grupos políticos en relación con las propuestas de la comisión sobre desahucios, que contó con el apoyo unánime, cuando la edil nacionalista Ximena González, que portaba una camiseta alusiva a los gastos impropios del grupo socialista, los famosos "gin tonics", reprochó al grupo de gobierno "no vincularse" con los acuerdos plenarios, y derivar un apoyo a Arnaldo Otegi.
"Apoyo a Arnaldo Otegi que está preso por defender la libertad de su país", y también a la representante de la plataforma de antidesahucios, Ada Colau, después de recibir un premio del Parlamento Europeo, y que fue criticado por los populares.
El revuelo por la proclama fue inmediato. La primera en pedir que retirase ese apoyo fue la edil popular Carmen Carballo, que no entendía cómo se podían mezclar las cosas, ya que se estaba tratando una iniciativa que contaba con el respaldo de todos los grupos, a lo que hizo caso omiso González.
Luego llegó la recriminación por parte de Agustín Fernández, que deja claro que en su condición de alcalde mostraba su rechazo a lo que dijo la concejala nacionalista, y le pidió expresamente que retirase el apoyo al actual secretario general de la formación independentista Sortu, que cumple una condena de seis años y medio de prisión por pertenencia a banda arma.
Voluntad política
Más allá de ese incidente, y aunque el acuerdo de asumir las quince propuestas planteadas por la comisión sobre desahucios, las dudas presidieron el debate. La oposición coincidió en "desconfiar" de la voluntad política del gobierno socialista de que salga adelante. Sobre todo después de que se tardase más de cuatro meses en poner en marcha una comisión que fuera aprobada en el pleno de diciembre de 2012.
De ahí la exigencia de los nacionalistas en que antes del verano se implante el teléfono de atención a los afectados por las hipotecas, así como los contactos con las entidades sociales de la ciudad que organizan recogida de alimentos y bienes; la constitución de una comisión técnica para ayudar a los afectados, junto con una base de datos de registro de casos de personas afectadas por impago de hipotecas o alquileres en coordinación con distintos organismos, respetando el principio de confidencialidad.
Por parte del gobierno, la concejala de Bienestar Social, Marga Martín, asumió el compromiso, aunque por el momento no se puede destinar partida alguna al no estar aprobados los presupuestos de 2013
