29 de mayo de 2013
29.05.2013

El Tribunal de Cuentas avala el pago de los pluses y ayudas sociales en el Concello

Considera que no hay responsabilidades contables en la aplicación del acuerdo regulador - El interventor había remitido un informe sobre una presunta "ilegalidad" de estos abonos

29.05.2013 | 00:00
Protestas de trabajadores en la Alcaldía por los pluses. // Iñaki Osorio

El Tribunal de Cuentas avala la legalidad del pago de los pluses de festividad y nocturnidad, así como las ayudas sociales recogidas en el acuerdo regulador de los empleados del Concello de Ourense, al señalar en su resolución que "los pagos derivados de la ejecución de un convenio colectivo válido y eficaz no pueden ser declarados ilegales e indebidos, ni pueden derivar responsabilidad contable, al realizarse al amparo de un título legal".

De esa forma archiva las diligencias iniciadas por el interventor municipal, después de que trasladase un informe sobre la existencia de indicios de responsabilidad contable en relación con la aplicación del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo y determinados pluses, que llevaron a que no se abonase un mes, lo que provocó la movilización de funcionarios, sobre todos los de Policía Local y Bomberos, al ser los más perjudicados.

A este respecto, el alcalde Agustín Fernández, después de mantener una reunión con representantes de los trabajadores, había indicado que los pagos objeto de estas actuaciones abonados por el Concello constituyen la contraprestación por los trabajos realizados, y que los pagos que posteriormente ordenó la Alcaldía debían considerarse como "pagos debidos y obligatorios, en cuanto se dictaron en aplicación a un acuerdo plenario válido y eficaz".

De ahí que los conceptos retributivos abonados a los empleados públicos del Concello y del Consello Municipal de Deportes no pueden ser declarados ilegales e indebidos, como ahora acaba de recoger en su auto el Tribunal de Cuentas, que además resuelve archivar las diligencias, ya que "de lo actuado no se aprecia la existencia de perjuicios patentes y económicamente cuantificables de forma concreta en los fondos públicos del Concello, atribuibles a personas individualizadas y ocasionados directamente por dolo, culpa o negligencia grave", que podrían justificar el inicio de un procedimiento jurisdiccional para investigar y dirimir "una teórica responsabilidad de carácter contable".

El acuerdo regulador fue firmado con los representantes sindicales y aprobado por el pleno del Concello el 4 de enero de 2013.

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