La concejala de Benestar Social imputada por el caso de ayuda a domicilio negó ayer ilegalidades: "Todas las facturas están con el visto bueno de todos los técnicos, tanto del servicio de Intervención como de responsables de Hacienda. Están visadas por los técnicos, son transparentes y todos los datos están en el juzgado", reiteró la teniente de alcalde. Marga Martín justificó el contenido de los correos entre empresarios en los que aparece frecuentemente como destinataria de propuestas de facturación o conocedora de pagos para completar el tope de gasto. "Todos los correos tienen que ver con la proyección para gastar el presupuesto y no dejar a nadie fuera. Es un servicio muy complicado".
