Marga Martín, funcionaria en excedencia y concejala de Benestar en Ourense, se escuda en que su función es la política y no la gestión administrativa de una concejalía poblada de imputados -condición que mantiene tras declarar ayer, aunque todavía sin cargos-, y sospechas delictivas. El juez Antonio Piña, escudriña los expedientes, la facturación apoyado en la Policía y los vínculos entre el ayuntamiento y la antigua empresa prestataria del servicio privatizado de ayuda a domicilio que, entre 2007 y 2011, percibió más de 3 millones de euros al año de las arcas públicas. El magistrado constata indicios de posibles irregularidades en la gestión de pagos, supuestos tratos de favor, correos electrónicos cruzados, facturas corregidas con típex, resoluciones presuntamente prevaricadoras y supuestas falsedades. Una concatenación de actos sospechosos desde el momento de la adjudicación en 2007 hasta el término de la relación a finales de 2011, un año más tarde de que el TSXG anulara la adjudicación, doce meses durante los que el Concello siguió pagando sin existir el amparo legal de un contrato y frente a los numerosos reparos del interventor por una gestión irregular de fondos públicos.
La concejala, teniente de alcalde en el gobierno en minoría del PSOE, fue interrogada ayer como imputada. Solo quiso contestar al magistrado y a su abogado. En una declaración de dos horas, descargó en sus funcionarias y técnicos las responsabilidades relativas al procedimiento de la controvertida facturación. Marga Martín, pieza fiel del conocido como clan de los "paquistas" en el dividido grupo municipal socialista -el sector crítico al secretario xeral del PSdeG, Pachi Vázquez-, puntualizó en todo caso que era Francisco Rodríguez, alcalde hasta su detención en la Pokémon y exponente de la facción política, el que junto al interventor era competente en dar las órdenes de pago. El exregidor autorizó en solo cinco meses 1,5 millones de euros levantando reproches del interventor mediante decretos.
Marga Martín mencionó a tres trabajadoras municipales de su servicio que estuvieron a su cargo y que, al igual que ella, han sido citadas a declarar con abogado en la causa que inició Democracia Ourensana denunciando dos supuestas facturas infladas de 236.000 euros correspondientes a 2008. Una exjefa de servicio que afirmó que la edil autorizaba ordenaba abonar las facturas; una técnico que reveló hojas de liquidación "irreales" con desfases de miles de euros -su letrado aportó ayer un informe de objeción suyo que revela un exceso de 40.000-; y su jefa de negociado, que finalmente será interrogada junto a dos testigos el 17 de abril.
La edil negó haberles dado orden de que realizaran nada "ilegal", ni la instó a estampar su informe a expedientes ni encargó ningún informe a medida para favorecer a la empresa. Una técnico de administración general había afirmado, por contra, que la letra junto a su firma no era suya y que acataba las peticiones de Marga Martín.
La teniente de alcalde respondió ayer en el juzgado atribuyendo a esta funcionaria la función de controlar y validar las facturas; a la jefa de negociado la recepción de la misma y a la jefa de servicio, el control y la firma. A ella, puntualizó, nunca le daban cuenta del contenido de las mismas o ni tampoco ordenó cómo se debía realizar la facturación. Su rúbrica figura en las hojas de liquidación. "Firmo porque sé que se han controlado", dijo.
Marga Martín hizo un esquema del proceso de entrada y trámite de facturas a preguntas de su abogado. La hoja llega, la jefa la firma si está de acuerdo, la concejal la rubrica después y la factura va a gestión económica, a la oficina de comprar y al interventor, que la fiscaliza. Si no hay reparos, subrayó la edil socialista, el concejal de Hacienda -en la época investigada, el actual regidor Agustín Fernández- y el oficial mayor firman un decreto y, por último, autorizan los pagos el alcalde, el interventor y la tesorera. "Yo nunca mandaba pagar, daba mi conformidad", precisó junto a su defensa.
Su aseveración contrasta con otros datos de la causa. Correos electrónicos cruzados con el gerente -el ordenador personal de Martín está siendo analizado por la Guardia Civil- así lo constatan. El gerente envió un correo electrónico el 27 de noviembre de 2008 en el que comunicaba a Martín: " Te adjunto las facturas que recibiréis mañana en papel, la factura de noviembre seguirá su tramite normal y la extra de noviembre te la enviamos en un sobre cerrado". Marga Martín insistió ante el magistrado que era "habitual" este procedimiento en su concejalía. También admitió "muchas reuniones" con la empresa a lo largo de estos años. Contradijo, sin embargo, el testimonio de una trabajadora de la adjudicataria negando que las facturas le llegaran en sobre cerrado. Negó asimismo una doble facturación.
El Concello siguió facturando del mismo modo que con la empresa de la época del PP tras adjudicar en 2007 el servicio a la anterior UTE Troncoso-Saludgest Servicios Sociosanitarios. La concejala entendía que "se estaba haciendo bien" y "ningún órgano de control puso objeciones", otro de los argumentos en los que ayer se basó para negar irregularidad alguna.
También negó haber dado orden de facturar por horas de desplazamiento, un concepto que no contemplaba el contrato -debía calcularse por trabajo efectivamente realizado a los usuarios- y que en algún caso sumó 3,5 horas por trabajador. La técnico también imputada la advirtió, según la funcionaria, de que no podría pagarse. Marga Martín afirmó ayer que no le dijo nada. Nadie puso reparos y, según la edil, estaban convencidos de que "se debía pagar". La teniente de alcalde solventó que "si el técnico dice que está bien, yo estaba de acuerdo"
La facturación cambió al pago por la hora efectiva, lo establecido en el contrato, no por lo que marcaba la licitación sino tras solicitar la empresa un incremento de los precios de un 20%. La propuesta partió de la propia UTE, aunque Martín dice que lo desconocía. Todos los órganos, insistió la edil, dieron luz verde. El ayuntamiento siguió abonando el discutido desplazamiento hasta acabar el contrato
El Concello resolvió de mutuo acuerdo con la adjudicataria a finales de 2010, un mes después de una sentencia del TSXG que anulaba la adjudicación tras no haberse motivado por qué se otorgó a la UTE investigada sin haber obtenido la mejor valoración económica. Como FARO reveló ayer, el ayuntamiento se decantó al concurrir la empresa con la oferta de equipo especializado que nunca operó, según documentos en poder del juez y declaraciones de testigos.
La empresa lograba 750.000 euros por trimestres del Concello pero, según la concejal, en octubre de 2010 aseguraron sufrir pérdidas y la intención de dejar el servicio. Por un servicio fundamental y para evitar "coste para el concello" optaron por resolver de mutuo acuerdo. Marga Martín afirma que el fallo del TSXG no les llegó, dijo, hasta finales de enero, y que no se actuó a posteriori de la sentencia. La técnico a la que ayer responsabilizó del grueso del trámite hizo un informe de propuesta del que constan dos versiones con dos fechas distintas y en el que mencionaba, en un pasaje, el fallo.
