La Mancomunidad de O Carballiño y el Concello de A Veiga siguen sin remitir al Juzgado de Instrucción número 1 la documentación que les requirió el titular, Leonardo Álvarez, y que supuestamente acreditaría la necesidad de personal reclamada en 2010 al entonces presidente de la Diputación, José Luis Baltar.
La investigación que este juez dirige contra el exbarón popular por un supuesto delito de prevaricación administrativa continuada está pendiente desde hace semanas de los informes de varios ayuntamientos en los que estaban destinados 19 de los 104 contratos supuestamente irregulares que el imputado autorizó y firmó. En estos casos, el expresidente lo hizo por una urgencia "inaplazable" que, según él mismo declaró ante el juez, había sido requerida formalmente por los alcaldes.
La veracidad de esta versión es la que quiere contrastar el instructor a través de la documentación que ha requerido. Solo los dos entes citados se resisten a enviarla y los que ya lo han hecho desdicen la declaración de Baltar. Aseguran que fueron peticiones verbales y, en algunos casos, que nunca llegaron a producirse.
Esta es la última prueba que quiere valorar el juez antes de dictar un auto en el decidirá si amplía, como le ha pedido el PSOE como parte personada, la imputación a José Luis Baltar también por falsedad documental por supuestamente falsificar estas peticiones de personal; si incluye como imputados al exinterventor, el secretario xeral y el jefe de Personal; o si, por el contrario, archiva la causa.
