En apenas media hora el magistrado solventó ayer la declaración de dos profesionales, un psiquiatra y una enfermera, citados en calidad de testigos con la intención de dilucidar si todos los servicios ofertados por la adjudicataria investigada del servicio privatizado de ayuda a domicilio de Ourense llegaron a prestarse realmente, tal y como establecían la propuesta ganadora y el pliego de concesión. Según las fuentes consultadas del caso, la falta de documentos fundamentales y los dos testimonios de ayer certificarían que no.

El Concello de Ourense adjudicó en 2007 a la UTE Troncoso-Saludgest Servicios Sociosanitarios la asistencia domiciliaria de mayores y dependientes, una contrata que se benefició de una facturación del ayuntamiento de más de 3 millones de euros al año, el último -entre finales de 2010 y el cierre de 2011- sin que existiera el amparo legal de un contrato tras la resolución de mutuo acuerdo pese a un fallo de anulación firme del TSXG y a numerosos reparos del interventor que advirtieron la gestión presuntamente irregular de fondos públicos.

La contratación a la empresa investigada se decantó por el valor añadido que los técnicos observaron en el servicio asistencial de un equipo multidisciplinar (médicos, psicólogos o fisioterapeuta) que presuntamente nunca ha ejercido su labor. Una de las personas incluidas en la memoria del proyecto, enfermera de profesión, aseguró ayer bajo juramento que nunca llegó a trabajar para la empresa y que lo máximo que hizo fue entregar su currículo y rechazar posteriormente un empleo en una llamada de teléfono porque, según dijo, ya tenía una ocupación. Desde hace cinco años y medio está contratada en una firma geriátrica, comentó antes de declarar durante apenas cinco minutos en la sala del juzgado de Instrucción Número Dos de Antonio Piña.

La precedió un médico psiquiatra -su declaración fue más larga- que había mantenido relaciones profesionales con uno de los socios de la anterior adjudicataria, el exgerente del CHUO José Troncoso. El testigo redujo su colaboración con el empresario a un asesoramiento de tipo verbal y su vinculación con su sociedad, a contratos mercantiles. Dijo que ni facturó ni percibió dinero de la UTE ni realizó informe alguno, precisaron ayer fuentes judiciales.

Los testigos, subrayan estas voces, tan siquiera conocían el nombre de las otras personas que supuestamente los acompañaban en el equipo multidisciplinar ofertado al Concello de Ourense. Su nombre, el de otros dos testigos que ayer no comparecieron -un médico ha sido citado para el día 17 y otra profesional alega no haber recibido notificado por encontrarse fuera de Galicia- y el de un fisioterapeuta que testificará también en abril figuraban en la propuesta de mejora con la que la UTE concurrió al concurso municipal hasta conseguir alzarse, a la postre, con el millonario servicio. El juzgado del caso de ayuda a domicilio investiga, por este aspecto en concreto, si existió una fallo administrativo o bien una irregularidad penal que podría constituir, según las fuentes consultadas, presuntos delitos de estafa -si se ofrece un servicio que nunca funcionó- y, desde el bando del ayuntamiento, de prevaricación o malversación de fondos públicos.

La adjudicataria propuso el servicio multidisciplinar presuntamente inexistente en la memoria que llevó al concurso municipal, como una oferta para otorgar valor añadido a la prestación de la ayuda domiciliaria con un servicio especializado sinónimo de mayor calidad. En la profusa documentación recabada por el juez -en varias ocasiones tras enviar a la Policía a dependencias municipales tras recibir respuestas incompletas- no consta ningún expediente que acredite la intervención del citado equipo de profesionales. Según la propuesta de la empresa, la concejalía de Servicios Sociales podría tener copia a demanda de estos informes de evaluación.

Una nueva "visión" al servicio

La UTE se alzó con la concesión en agosto de 2007 tras no haber obtenido la mejor puntuación económica en la oferta de precios. La empresa que se alzó en este apartado, con más experiencia en el sector, impugnó en vía contenciosa desencadenando la anulación del proceso en 2010 por parte del TSXG, aunque frente a ese fallo firme el Concello y la empresa optaran por resolver de mutuo acuerdo. Troncoso-Saludges se llevó precisamente la mayor puntuación gracias a la mejora presuntamente nunca prestada.

El programa asociado al equipo multidisciplinar supuestamente inexistente decantó la adjudicación. "Da una nueva visión al servicio de ayuda a domicilio con un equipo médico social completo que facilitará la asistencia en el hogar", valoraba un informe del área de Servicios Sociales y posteriormente el acta de adjudicación del gobierno local. En el apartado de mejoras de explotación la recurrente recibió 2 puntos sobre 30 y la UTE investigada 15,50 puntos.