La mejor defensa es un buen ataque. Esa fue la estrategia que siguió ayer la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, en relación con las denuncias sobre las presuntas irregularidades con la venta de una parcela de titularidad municipal a la empresa Copasa, debido al precio que se pagó -poco más de 1 millón de euros-, cuando varias empresas advierten que su valor podría estar en torno a los 5 millones.

Ante está situación, Soto se presentó ayer en rueda de prensa para repartir acusaciones en todas direcciones, aunque fue especialmente contundente al referirse a "grupos mafiosos de la construcción" de Ourense que, según sus propias palabras,están presionando al Concello para defender sus "intereses oscuros". Y señaló al promotor Bautista Álvarez, que mantiene varios litigios con el Concello, y a su letrado, Antonio Feijóo Miranda, como los principales responsables de lo que considera una "operación de acoso y chantaje".

Y para rubricar su adjetivación "mafiosa", que luego intentó suavizar y evitar ir más allá, en lo que se refiere a dar más nombres, aludió como defensor de los intereses públicos, al exalcalde, Francisco Rodríguez -imputado en la operación Pokémón de corrupción y que le llevó a estar en libertad bajo fianza-, al que se señala como "negociador" en el proceso de la venta de la mencionada parcela.

Áurea Soto defiende la legalidad del proceso de venta de la parcela, que no se hizo por subastas, proceso que se debería seguir, como así lo aseguraron a este diario especialistas en la materia, al contar con el informe del coordinador de Urbanismo, que le merece "una infinita credibilidad que la del promotor y su abogado".

De lo que no tiene duda la edil de Urbanismo, que no dudó en atacar a los medios de comunicación que le dan "cobertura a esos personajes", es que "todo esto se verá en los juzgados", debido a las denuncias presentadas por varios asuntos, no solo el de la venta de la parcela.

Información veraz

Ante el grosor de la denuncia realizada por Áurea Soto, el abogado de la empresa que denunció la venta de la parcela y otras presuntas irregularidades cometida, advierte que no piensa contestar, debido a que no sabe dar otra explicación que no sea el "insulto indiscriminado", y se remitía a la "información veraz y avalada por documentación que obra en el juzgado", ante el que tendrá que prestar declaración la concejala, que sobre está cuestión publico FARO, y que no fue capaz de rebatir con argumentos.

Así, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ourense, llamará a declarar el 18 de abril entre otros al exalcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, técnicos del Concello y representantes de la empresa Age Copasa y de las constructoras Urcasa y Procousa, en relación con la demanda presentada por estas dos últimas empresas pidiendo que se declare nula la venta que hizo el concello de un solar en A Chavasqueira a la firma Age Copasa, para construir una de las dos torres de 19 pisos que va a promover la constructora ourensana a orillas del Miño. El demandante entiende que la venta de ese solar se realizó sin concurso público y por un millón de euros, "la quinta parte de su valor de mercado que es de 5 millones de euros", afirman.

La firma Urcasa reveló que la concejal de Urbanismo de Ourense Áurea Soto había anunciado en un comparecencia pública que el 18 de abril se iba a celebrar un juicio relativo a la demanda que el Concello había presentado por supuesto acoso y chantaje contra el constructor ourensano Bautista Rodríguez. Pero la realidad es que "lo que hizo la edil fue tergiversar, porque en realidad ese juicio es por la demanda que presentamos contra la venta directa del mencionado terreno a Copasa", aseguran los demandantes.

El objeto de este pleito es que el gobierno local aprobó la adjudicación favor de la empresa Age Copasa, del 55% de un solar en A Chavasqueira (el resto ya era propiedad de Copasa) y los recurrentes consideran nula esa venta "al prescindirse del preceptivo concurso público exigido por la ley, lo que nos impidió a nosotros y a otras empresas interesadas, pujar para lograr su adjudicación".

También consideran que el precio que fijó el gobierno local de 1.024.000 para vender esos terrenos donde iría la torre y situados en lo que popularmente se conoce como A Chavasqueira de Abaixo, un núcleo de pequeñas viviendas unifamiliares, "es sencillamente ridículo, e incluso inferior al valor catastral del suelo.