El 24 de abril, solo seis días después del juicio contencioso que la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, anunció la semana pasada como la oportunidad para demostrar el "chantaje" al que un constructor enzarzado en pleitos presuntamente somete al ayuntamiento y a su área de gestión, la edil tendrá que comparecer en calidad de imputada ante el juez, en la que supone su segunda causa penal por un presunto delito de prevaricación administrativa. Ese mismo día declarará en calidad de testigo el asesor jurídico del Concello de Ourense, Luis Tros, tras la modificación del calendario del caso que ha sido acordada por el magistrado en una providencia de ocho de marzo.
Seis días antes del citado 24 de abril, además de la interpretación de la concejala, lo que el juzgado contencioso dirimirá es si el Concello de Ourense gobernado entonces por el exalcalde Francisco Rodríguez malvendió a la constructora ourensana Copasa un solar en la zona de expansión termal a orillas del río Miño de A Chavasqueira que, según los demandantes, fue traspasado sin compensación alguna en vivienda pública, y por algo más de 1 millón de euros, cinco veces por debajo del baremo de mercado. Antes de la crisis urbanística por la caída del PXOM. El día 18 están citados al juicio el exalcalde de Ourense, técnicos municipales y letrados de la adjudicataria y de las constructoras que piden la anulación de la concesión por no llevarla a concurso público. Pruebas e informes periciales aportados por los recurrentes tasarían los derechos vendidos a Copasa en cinco millones de euros, según los demandantes.
Áurea Soto ya pasó por el juzgado en enero por su primera imputación, entonces a instancias de un particular por el derribo presuntamente ilegal de un muro en el matadero municipal. La concejala achaca sus dos procesos judiciales a la supuesta venganza de empresarios y promotores disconformes, dice la concejal, con un planeamiento urbanístico que velará por el modelo de ciudad en lugar de por intereses particulares. Soto vaticina que habrá más demandas en su contra.
La fecha para que el magistrado interrogue a la concejala en su segunda imputación ha sido variada por el juez del caso, el titular de Instrucción Número Uno, Leonardo Álvarez, quien inicialmente fijó en el calendario el 5 de abril. Tras recibir escritos de la propia Soto, el juez también deja sin efecto, en el mismo escrito judicial, la citación inicial en calidad de testigo del secretario del ayuntamiento, Luis Bermúdez. El responsable de la asesoría jurídica municipal, Luis Tros, ha sido llamado en su lugar y comparecerá a las 10 del 24 de abril. Media hora después es el turno de Soto.
La plaza de San Antonio
En esta causa de cuya personación terminó desistiendo Democracia Ourensana (DO), la concejala se encuentra imputada por la concesión de licencia al aparcamiento de la Plaza de San Antonio, con un aprovechamiento privado pese a ser declarado subsuelo de dominio público en sentencias del TSXG. A su vez, la demandante, hija del constructor al que Soto dirige sus críticas, cuestiona la indemnización de 360.000 euros que el ayuntamiento abonó a una particular para que desistiera a presentar un recurso por el estado de la urbanización. Junto a ella también fue demandado un letrado coruñés que ha sido contratado en varias ocasiones como asistente externo, modalidad censurada por la oposición al propiciar que se consoliden derechos laborales. Este abogado llegó a participar en un primer momento en la asistencia al exalcalde de Ourense tras su detención en septiembre en la primera fase de la Pokémon.
Áurea Soto, una de las dos ediles imputadas del actual grupo de gobierno en minoría -la de Benestar Social, Marga Martín, se enfrenta al caso de la ayuda a domicilio- descartó dimitir.
