Todo lo relacionado con las presuntas irregularidades del servicio municipal de ayuda a domicilio tiene dos secuencias diferencias; por un lado la petición de una comisión de investigación, planteada en su momento por el Partido Popular y Democracia Ourensana, con el rechazo de PSOE y BNG, que en aquel momento compartían gobierno bipartito, y la denuncia judicial que llevó consigo la apertura de una investigación por el Juzgado de Instrucción número 2.
La documentación que aportó DO en la denuncia llevó consigo que el procedimiento judicial derivase en imputaciones, como la de la edil de Bienestar Social, Marga Martín, y las principales responsables de su departamento. Ante el giro que daba la instrucción judicial, el grupo popular no descarta personarse, como así lo advertía ayer el edil Miguel Abad.
Una consideración que surge sobre todo después de constatar que la actitud de la responsable del área Social es "acusar a la oposición" de una situación que solo tiene una única responsable: "la propia edil, por una nefasta gestión, que ahora se encargará de dirimir un juez", sentenció. Por su parte, Susana Gómez dice que "lo tuvimos claro, y por eso acudimos al juzgado".
